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Política

MEDIOCRIDAD

Lo hemos dicho una y otra vez desde esta misma columna. Cuando algún funcionario público se hace respetar y no se aferra a un cargo, menos aún pretende luego respirar por la herida, debe decir y denunciar las cosas en su momento, no tiene que esperar a que entre en desgracia para comenzar a disparar a diestra y siniestra, eso solo equivale a morderle mano a quien le dio de comer. Si un funcionario público aduce que existen presiones políticas y no las acepta, entonces que las denuncie y de un paso al costado, por el contrario, esperar que lo remuevan es solo someterse a un maltrato que él mismo se lo buscó. En este plan se encuentra el ex Director Regional de Educación Miguel Arista Cueva, quien ha acusado de deslealtad al Gobernador Luis Gamarra por haberlo cambiado cuando le había comunicado que lo ratificaría. Asumimos que esa es su versión pero lo que llama la atención es que haya manifestado ante la prensa de Huaraz que había un sobrino del Gobernador que lo llamaba insistentemente para pedirle cambios en las Ugeles y también para ser proveedor, cosa que no aceptó. Eso no es una intromisión política, si el Gobernador no le pide nada para su sobrino y es éste quien lo aborda es un aprovechamiento por parte del mencionado pariente que debió denunciar en su debido momento. De la misma manera ha señalado que hay un consejero que le pidió retirar a un director de Ugel, pedido que incumplió por ser ilegal además dijo que el citado representante tiene a la mayoría de su familia trabajando en dicha institución. Pero ¿porque no lo menciona con nombres y apellidos? ¿Por qué no lo descubre? ¿Le habrá informado al Gobernador sobre el comportamiento de su sobrino y del consejero? La verdad es que todos pretenden ser generales después de la batalla, en la administración pública eso no funciona, hemos visto innumerables funcionarios que salen heridos y picones porque les quitan la confianza y encienden el ventilador, cuando saben y conocen cual es la extracción de su cargo y que así como los beneficiaron con una investidura, deben irse contentos cuando los cesan porque esa es la naturaleza de la función.

DESIDIA

Tal como ha ocurrido con los módulos de vivienda que fueron abandonados en el Terminal Portuario de Chimbote, en Huaraz y otras provincias afectadas de la sierra de Ancash, también se dejaron módulos completos encargados en el Gobierno Regional y en los Municipios pero jamás fueron entregados. Se trata de módulos de vivienda que debieron ser instalados en las zonas afectadas, empero, la empresa que los vendió dejó el material, cobró millones de soles y se largó, incuso, en algunos municipios dejó la recomendación que ellos colaboren en su instalación cuando ellos estaban obligados por el contrato a instalarlos. Aquí nuevamente aparece la indiferencia burocrática del Ministerio de Vivienda que no ha sido capaz de poder administrar la ayuda que se compró con el dinero de todos los peruanos, es una vergüenza que mientras cientos de familias siguen padeciendo por los efectos de las lluvias y los desbordes, existan módulos de vivienda abandonados en Chimbote, Huaraz y otras provincias de Ancash. Es increíble pero allí están los testimonios gráficos que publica la prensa.

CORRECTIVOS

Tras una maratónica jornada de tres días, el Juzgado anticorrupción que dirige el juez Jorge Chávez Tamariz, ha concluido anteayer martes las audiencias públicas en las que se evaluó el pedido de prisión solicitado por el Ministerio Público para otros 22 integrantes de la denominada organización criminal dedicada al tráfico de terrenos conocida como “los Chacales del Desierto”. En este numeroso grupo, que incrementa a 49 los involucrados en este caso, se encuentra el cabecilla Daniel Cabrejos Pérez, más conocido como “Danny Caracha”. Ocurre que el tercer día del año nuestro medio denunció que este sujeto se encontraba caminado libremente por las calles porque no tenía orden de captura y fue entonces que las autoridades judiciales explicaron que la audiencia para ver su caso se había fijado para el 22 de enero, es decir, después de 60 días en que se vio el caso de los detenidos de esta organización. ¿Por qué no se vio inmediatamente la situación de este mafioso? ¿Acaso el líder de la organización no debería estar requisitoriado de inmediato? Parece que el Juzgado advirtió que alguien puso el expediente en el último lugar y adelantó la fecha de la audiencia para el 12 de este mes. Enhorabuena se toman correctivos, ahora “Danny Caracha” ya tiene orden de captura como sus compinches.

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