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Política

MATONESCO

El escándalo protagonizado por el cuestionado dirigente del comité provincial de Acción Popular, Yuri Espinoza Vargas, es un caso bastante delicado en la medida que no solo importa un acto de violencia política, que ya es mucho, sino que existe allí un hecho de violencia de género para el cual el Ministerio Público debe demandar una sanción drástica y contundente, acorde con la naturaleza de los apremios que determinan las nuevas leyes de esa materia. En efecto, la denuncia de la obstetriz Yuliana Silva Roncal nos ha dejado consternados, no solo por la forma como ha actuado el agresor, propinándole puñetes y patadas a la agraviada, sino porque se trata de un acto cobarde que no puede pasarse por alto bajo ningún concepto. Lo que sorprende es que este dirigente que ha sido vapuleado por la vieja guardia de Acción Popular pretende que solo se inscriban los candidatos de su preferencia y cuando hay algún militante que no responde al perfil que le agrada sencillamente lo hostiliza o agrede como ha ocurrido con Yuliana Silva. Muchos deben recordar que este personaje hizo lo que se le vino en gana en la época de Waldo Ríos Salcedo, se alió con el cuestionado Gobernador luego de haber puesto la sede de su local partidario a disposición del entonces candidato y cuando aquel asumió el cargo habría solicitado la devolución de favores, siendo designado Director Regional de Trabajo a pesar que no reunía los requisitos que establece la ley. Fue defenestrado y acomodado en una gerencia de la Sub Región Conchucos, pero tras ser sorprendido manejando en estado de ebriedad fue nuevamente retirado del cargo. Luego de los violentos hechos que ha protagonizado agrediendo a otra militante, la mañana de ayer nuestro medio se comunicó con el despacho del congresista Edmundo del Águila, sin embargo, éste se encuentra en viaje de representación pero su secretaria confirmó que ya habían tomado conocimiento de los hechos a través de la información publicada en el “Diario de Chimbóte” y pondrían al tanto al congresista el próximo lunes cuando se reincorpore a sus actividades parlamentarias. Veremos qué es lo que hace pero ya es momento que se ponga coto a este manejo vertical y matonesco que se registra en la sede de Chimbóte de Acción Popular. 

DUDOSO

La denuncia que ha formulado la procuraduría municipal de Nuevo Chimbóte en contra de la empresa Sedachimbote, calificando como sospechosos los tres aniegos registrados la semana pasada es en realidad sumamente preocupante. Y es que para los funcionarios sureños no existe otra explicación a la sucesión de desbordes que han inundado las calles y han dejado la carpeta asfáltica sumamente deteriorada, incluso, han afectado aquellos lugares en donde la comuna sureña ha rehabilitado y mejorado recientemente. A decir de estos funcionarios, el objetivo ha sido perjudicar la gestión del alcalde Valentín Fernández pues al promoverse estos aniegos se echa a perder el ornato de las calles y se generan baches que costará mucho rehabilitar. En realidad sería realmente descabellado demostrar que desde la empresa paramunicipal se generen esta clase de situaciones con la finalidad de perjudicar a un alcalde y favorecer a otro, más aun cuando el burgomaestre Valentín Fernández ha confirmado que postulará a la alcaldía provincial por lo que, posiblemente, se encuentre como rival al actual alcalde Julio Cortéz Rojas, a la sazón hoy Presidente de la Junta Empresarial de Seda. Lo cierto es que estos aniegos han permitido dar el puntillazo final a los rezagos que nos dejaron las lluvias de verano y las pistas del distrito sureño están hechas un desastre. 

SANCION

El Director de la UGEL Santa, Robert Yturria Huamán, ha retornado al cargo una dos semanas antes que se cumpla la sanción de suspensión que le impuso la Dirección regional de Educación porque su apelación ante la instancia de SERVIR, el organismo de estado que actúa como instancia final en los procedimientos administrativos, fue declarada fundada y, por lo tanto, anularon y dejaron sin efecto la suspensión impuesta. Esto quiere decir que, como lo había advertido el Director de la UIGEL, la sanción era injusta y solo respondía al ánimo vengativo de la otra parte. Ahora bien, si esto es realmente así, en el supuesto que haya sido un exceso por parte de su archienemigo Miguel Arista Cueva, la pregunta que se cae de madura es ¿esto se va a quedar así? ¿Puede alguien aprovecharse de los cargos para tomar partido y cobrarse la revancha con su antagonista? El ejercicio de la función pública implica una responsabilidad, nadie pueda hacer de ella un instrumento para satisfacer sus intereses personales, si eso ocurre entonces que se sancione a los responsables.

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