Habría una mano negra:

• Fallida notificación a Fiscal permitió que se realice ayer control de acusación.
• Demora podría permitir libertad procesal de detenido.

Audiencia

Silla y escritorio vacio de Fiscal que no fue bien notificada.

Parece una burla. Cuando el abogado Estuardo Montero Cruz fundamentó en una tutela de derecho la necesidad que el caso del presunto desfalco en el Ministerio Público del Santa sea investigado por Fiscales de otro distrito fiscal, se refería justamente a la poca transparencia y hechos extraños que se iban a observar a lo largo de todo el proceso.

Tenía razón. La mañana de ayer, por cuarta vez, tuvo que ser suspendida la audiencia de control de acusación del caso del exadministrador del Ministerio Público del Santa, Gino Reyes Roggero, acusado de desfalcar las arcas de su institución en complicidad con otros funcionarios de línea y un grupo de proveedores.

Esta vez, la razón de la obligada suspensión y reprogramación de la audiencia fue un error del especialista judicial en notificar válidamente a la Fiscal Provincial Penal, Carmen Macuado Arroyo a quien enviaron su notificación de la fecha de la audiencia en una casilla electrónica que no le correspondía.

Sin embargo, la Fiscal Carmen Macuado Arroyo ya había postergado otras tres veces la realización de esta audiencia de control, pues en dos oportunidades no acudió sin justificar su inasistencia y en una tercera vez si la justificó. A este ritmo, todo hace indicar que los imputados afrontarán la etapa del juicio oral en libertad.

El Juez de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, un tanto contrariado, dispuso ayer remitir copias al órgano de control respecto a la conducta negligente del trabajador judicial y a la vez, emplazó a su coordinador a que se cumplan con las notificaciones adecuadas para la próxima audiencia que programó para el martes 12 febrero a las 9 de la mañana.

ACUSACIÓN FISCAL

En esta carpeta fiscal, se solicitó una sumatoria de penas de 11 años y 8 meses de prisión efectiva para los ex funcionarios del Ministerio Público del Santa, Gino Reyes Roggero y Fernando Sotelo Valenzuela, a quienes acusó de ser autores de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso por apropiación (8 años y 8 meses de prisión) y falsedad ideológica (3 años).

Junto a Reyes Roggero y Sotelo Valenzuela, también fueron acusados los proveedores Germán Humberto Julca Orrillo y Segundo Carlos Andonaire Orbegoso, para quienes el Ministerio Público solicitó se les imponga en su condición de cómplices primarios de peculado doloso por apropiación, la pena de 8 años y 8 meses de prisión efectiva.

Finalmente, al quinto imputado Román Gerardo Otiniano Cruzado, la Fiscalía solicitó se le imponga en su condición de cómplice secundario de peculado doloso por apropiación, la pena de 4 años de pena privativa de la libertad.

Los ilícitos penales que habrían cometidos los imputados están relacionados a la facturación de servicios fantasmas y al uso de boletas y comprobantes de pagos falsos, para justificar la apropiación de los recursos de la Fiscalía del Santa.

Según la Fiscalía, el ex administrador Gino Casiano Reyes Roggero (49) durante los años 2015 - 2016, en contubernio con el encargado titular del Fondo para Pagos en Efectivo, Fernando Sotelo Valenzuela, se habrían apropiado del presupuesto asignado, a través de ‘servicios fantasmas’, tales como mantenimiento eléctrico, sanitario, pintado de locales, lavado, laqueado, entre otros, dinero en efectivo que la Gerencia de Tesorería de la Fiscalía de la Nación asignaba mensualmente para realizar dichas reparaciones y mantenimientos y que supera la cifra de un millón 155 mil 36 soles, contando con la complicidad de proveedores.

Para lograr su cometido, prometieron a sus cómplices Germán Humberto Julca Orrillo, Segundo Carlos Andonaire Orbegoso y Román Gerardo Otiniano Cruzado, que por cada comprobante de pago les iban a entregar el 6% de los montos y que finalmente eran entregadas en sus oficinas o en un kiosko de periódicos frente a una empresa de telefonía.

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