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 “La empresa EIJI SRL, no se encuentra suspendida, por ninguna autoridad para poder contratar con el estado”, así manifestó a este Diario el representante legal de dicha empresa Edgar Castro Loyola.

“Nuestro Registro de Proveedores está activo por lo tanto nosotros no estamos impedidos de contratar con el estado”, señaló Castro Loyola, ante la serie de versiones antojadizas de funcionarios ediles de Nuevo Chimbote que han tratado el tema de manera pública. Agregó el empresario que su empresa EIJI SRL, cumple con todas normas establecidas por OSCE.

Comentó además las palabras del alcalde Nuevo Chimbote Valentín Fernández. “Debo decir que no entiendo el motivo de sus expresiones, ya que lo único que está promoviendo es una descalificación mediática e inclusive esta vulnerando nuestro derecho al trabajo el cual está amparado por nuestra constitución y que de hacerlo estaría incurriendo en una infracción constitucional”, apuntó.

También afirmó que su empresa EIJI SRL., no se encuentra investigada, no está inmersa en ningún proceso penal instaurado ni mucho menos con sentencia que recaiga con responsabilidad alguna.

De tal manera, enfatizó, “descartamos de manera categórica estas declaraciones respecto a nuestra imposibilidad de participar en dichos procesos de selección”, dijo finalmente el empresario cuyo status legal de su empresa ha sido fustigado por el propio Valentín Fernández así como también por un funcionario de dicha comuna.

El próximo  sábado 16 de Mayo, la Universidad Nacional de Trujillo (UNT)  a través de su Facultad  de Educación y Ciencias de la Comunicación  y de su Programa de Formación y Capacitación Docente, dará inicio  el Diplomado de Especialización Profesional Docente en: “Acompañamiento y Monitoreo Pedagógico” y “Currículo y Estrategias de Enseñanza Aprendizaje en las Rutas de Aprendizaje”, con la finalidad de fortalecer el conocimiento de los Docentes de las diferentes Instituciones Educativas de la Provincia del Santa.

Para esto, el Programa de Formación y Capacitación Docente de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), ha ampliado la entrega de medias becas de estudios a los docentes de Inicial, Primaria y Secundaria hasta el Viernes 08 de Mayo 2015,  con el propósito de continuar sus estudios de Especialización Profesional  en: “Acompañamiento y Monitoreo Pedagógico” y “Currículo y Estrategias de Enseñanza Aprendizaje en las Rutas de Aprendizaje”.

Por su parte, la Coordinadora Liliana Borda Mora, indicó que “el Programa de Formación y Capacitación Docente de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene toda la intención del mundo de seguir formando a los docentes de la Provincia del Santa. El objetivo es mejorar la enseñanza en las aulas, Preparar a los docentes para que sean el verdadero soporte pedagógico de la enseñanza, que continúen con el estudio y la aplicación de las nuevas Rutas del Aprendizaje, versión 2015”.

Es más, dentro de su programación académica, equivalente a 1200 horas de formación, se abordarán los siguientes temas: El Acompañamiento Pedagógico, Estilos de Aprendizaje y Diversidad Lingüística, Estrategias de enseñanza y rutas de aprendizaje, Planificación y programación curricular y Evaluación de los Aprendizajes y rutas de aprendizaje.

Finalmente, el desarrollo del Diplomado de Especialización Profesional Docente se  realizará en la I.E. N° 88047 “Augusto Salazar Bondy”, para los docentes de Nuevo Chimbote y, la I.E. Gloriosa 329 de Chimbote, para los profesores que trabajan en Chimbote. En tanto, la Oficina Central está ubicada frente a la UGEL  Santa. 

Se fugó el pasado 12 de noviembre del 2014 del país para no afrontar un proceso judicial y un pedido de prisión preventiva que fue declarado fundado por actos contra el pudor en agravio de una menor de 7 años; sin embargo, seis meses después, pretende el cese de dicha medida coercitiva, sin haber desvirtuado de modo sustancial la grave acusación que pesa en su contra y que ha sido corroborada por sendos informes sicológicos, ordenados por el Ministerio Público.

Es el caso del prófugo de la justicia, José Jhonny Chicoma Quintana, acusado y con prisión preventiva vigente, del delito de actos contra el pudor en agravio de la menor de iniciales A.P.G, hija de su pareja sentimental; quien pretende que hoy el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declare fundado su pedido de cese de prisión preventiva, a pesar de no haber colaborado desde un principio con el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo a la resolución judicial del caso, la audiencia ha sido programada para hoy miércoles 6 de mayo a las 3.30 de la tarde y el padre de la menor agraviada, Nicolás Peña Olaza expresó su indignación y repudio ante la pretensión del agresor de su menor hija, quien lejos de ponerse a derecho y responder por los actos que se le acusa, se fugó del país por la frontera del Ecuador, tal como lo corrobora su reporte migratorio.

Peña Olaza dijo además, que su abogada Eva Vásquez Méndez solicitó el pasado 7 de abril que se cursen los oficios al Ministerio del Interior para que se haga su búsqueda y captura internacional, sin embargo, se le respondió que la medida de prisión preventiva está exenta de dicha pretensión, por ser de carácter provisional.

“Espero que la justicia no suelte a la calle a un sujeto acusado de tocamientos indebidos contra una menor de 7 años de edad, aprovechando que se quedaba sola con ella porque su madre, mi ex esposa, lo hacía ingresar a mi casa sin ningún tipo de control y exponiendo a mis menores hijas” señaló Nicolás Peña Olaza.

“Las pruebas están allí, hay informes sicológicos, cámara gesell, sindicaciones, pruebas y debe permanecer con prisión preventiva, porque además, nunca se presentó a responder por estos hechos. Pido a la Juez que declare infundada su pretensión porque no ha podido desvirtuar los graves elementos de convicción que pesan en su contra” acotó.

Limpios de polvo y paja. A pesar de la oposición de la Procuraduría Anticorrupción; finalmente el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del Juez Luis Pérez Granados, declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento (archivo) en favor de tres empresarios, que integraron el Consorcio NEHALEM, que se beneficiaron con la buena pro y la ejecución de las obras del sector III (El Acero, Antúnez de Mayolo, Manuel Arévalo, La Balanza, Ramón Castilla, Barrio 5 y Víctor Raúl Haya de la Torres) de Chimbote que ejecutó la Municipalidad Provincial del Santa en el año 2009.

Con esta decisión, quedaron excluidos del proceso de investigación, los empresarios Anamelba Jacay Peña, José Martín Pinatte García y Miguel Ángel Cornejo Zavala, representantes de las empresas Constructora Hosca, Constructora Evertech y Técnicos Ejecutores S.A; respectivamente; quienes según la Fiscalía Anticorrupción, desconocían los presuntos actos colusorios que arribó el representante de Consorcio NEHALEM, que ellos designaron (Oscar Randy Robles Camarena) con las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa, en el año 2009, es decir Victoria Espinoza García, Luis Cortez Rojas, Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez y Aquior Mendoza Mendoza, quienes seguirán siendo procesados.

La resolución judicial que declara fundado el pedido de sobreseimiento también alcanzó a los imputados José Johan García Durand, Elías Teodoro Tapia Julca y Yude Olave Clavieri; sin embargo, la Procuraduría no se opuso, pues consideró que no formaron parte de los actos colusorios entre las autoridades y funcionarios ediles con los empresarios.

Para la Procuraduría Anticorrupción del Santa era incongruente que la Fiscalía archive la colusión de los empresarios que integraron Consorcio NEHALEM y sólo deje como acusado al representante de este grupo de empresas. Ante la resolución del Juez, notificada ayer a todas las partes procesales, trascendió que se podría impugnar dicha medida para que la Fiscalía Superior revise este caso.

Mientras tanto, queda esperar que el Juez de la causa, Luis Pérez Granados programe la nueva audiencia del caso “NEHALEM”, esta vez para ingresar a la etapa de control de acusación de los imputados Victoria Espinoza García, Luis Cortez Rojas, Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez y Aquior Mendoza Mendoza y el representante del Consorcio Oscar Randy Robles Camarena, para quienes la Fiscalía ha pedido una condena de 10 años de pena efectiva.

En esta investigación preparatoria se acusa a la autoridad municipal y sus ex funcionarios de favorecer a Consorcio NEHALEM con la buena pro del proceso y luego de favorecerlos en la etapa de ejecución, admitiendo además cartas fianzas falsas de la Cooperativa FINANTEL, como garantía de seriedad de oferta y de ejecución de obra, las cuales no sólo procedían de una entidad no reconocida por la SBS, sino que además, fueron suscritas por supuestos funcionarios que no trabajaban en dicha entidad.

Un grupo de moradores del P.J “El Progreso” exigieron a la Municipalidad Provincial del Santa que defienda los lotes 1 y 8 de la manzana N de dicho conglomerado vecinal, destinados para la construcción de la Comisaría de la Policía Nacional y la Casa del Adulto Mayor; las cuales han sido objeto de un fallo judicial que ordena cambiar su uso comunal por comercial en favor de la Asociación de Comerciantes Minoristas del mercado de la zona.

Así lo hicieron saber la mañana de ayer, las moradoras Nélida Cornelio de Castro, Fidelia Maguiña Almazán y Lidia Zamudio Sifuentes, quienes mostraron la resolución del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa en la cual se declara fundada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por los comerciantes para que la Municipalidad se obligue al cambio de uso de los lotes de comunal a comercial.

“Los vecinos tenemos dos lotes que suman 500 metros cuadrados, que fueron destinados para un puesto policial y una casa del adulto mayor, sin embargo, los comerciantes minoristas se posesionaron de ambos lotes y han iniciado un proceso judicial para que se cambie el uso de comunal a comercial y puedan ellos hacerse dueños del predio” explicó.

“La Municipalidad Provincial del Santa desde el año 2009 se viene oponiendo a esta pretensión y les ha negado en forma continua el cambio de uso, sin embargo, al agotar la vía administrativa, acudieron al Poder Judicial y nos damos con la sorpresa que le vienen amparando su pedido y lo más lamentable es que en el expediente figura una declaración de conformidad con ese hecho por parte del entonces secretario general del pueblo joven El Progreso, Jammil Bocanegra Sandoval” señaló Nélida Cornelio de Castro.

“Pedimos a la Municipalidad que impugne esta resolución, que defienda sus fueros, que luche por mantener estos espacios para el puesto policial de El Progreso y la Casa del Adulto Mayor que tanto se necesita, además, es un nefasto precedente para que otros comerciantes hagan lo mismo en otros sectores de la ciudad y obliguen al cambio de uso, vía judicial” añadió la moradora Fidelia Maguiña Almazán.

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