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¿Respaldo o intento de huida digna?, el jefe de Seguridad Ciudadana, Ricardo Morales Arizola, anunció que si los funcionarios de la municipalidad con quienes se reunió para agilizar el pago de los serenos no cumplen con la fecha de pago establecida, renunciará a su cargo como gesto de respaldo a su personal.

El mayor en retiro, Ricardo Morales, expresó que anteayer se reunió con el gerente municipal, el administrador, el jefe de personal y la tesorera de la comuna para tratar exclusivamente el tema de los trabajadores de seguridad ciudadana, acordando que a fines de octubre todos deben recibir el salario total que se les adeuda.

“Si no cumplen con pagarles como lo hemos acordado,  la primera semana de noviembre yo ya no estoy acá. Creo que es el justo precio a la labor que estamos desarrollando, estamos dando seguridad y terminaremos con seguridad”, dijo, el jefe de serenazgo.

A pesar que insistió en asegurar que jamás tuvo intereses políticos, sino brindar seguridad que fue para lo cual lo contrataron, cabe recordarle que en más de una oportunidad los agentes del orden mancharon la buena labor que desarrollan sirviendo de escuderos a funcionarios que huían de los cuestionamientos del pueblo.

Tampoco, se puede dejar de mencionar que más parece un anuncio irrisorio que a estas alturas de la gestión cuando todo parece desbaratarse y ni siquiera el mismo alcalde se ha dignado a ofrecer respuesta a decenas de pobladores que llegan a su despacho para exigir obras o pagos que se les adeuda, manifieste que comprende la situación de los agentes y por eso prefiere renunciar.

Otra raya más, que se le recuerda es el cese de 15 agentes del orden, entre quienes figuraban agentes que exigieron sus sueldos y denunciaron irregularidades pero que él informó a la Prensa que rescindieron sus contratos porque no pasaron el examen físico cuando se supone que debieron pasarlo antes de contratarlos.

“Lo más salomónico es reducir el personal pero en áreas administrativas, seguridad ciudadana debe mantenerse porque la seguridad no tiene precio”, refirió.

No obstante, remarcó su buena labor alegando que se considera un líder porque el personal que labora bajo su mando no hizo ningún destrozo, ni ha alterado el orden público, sino que durante sus protestas reclamaron que les paguen e inmediatamente retornaban a sus labores. (¿?). 

Nuevamente, un incendio que habría sido producto de un corto  circuito originó grandes pérdidas materiales a  una pareja de esposos y dos inquilinos que se alojaban en una vivienda ubicada en el pueblo joven Villa María, en Nuevo Chimbote.

Esta vez, el siniestro no tuvo como escenario uno de los asentamientos humanos del sur del distrito donde el material rústico que utilizan para construir sus casas se convierte en el combustible que incrementa el fuego, sino  que fue la vivienda de material noble signada como Mz. V – lote 18, cuya propietaria es la señora Francisca Moreno Muñoz De Castro (66), quien alquila habitaciones.

Según, contaron los hijos de la sexagenaria, fue una pareja de esposos quienes olvidaron apagar su televisor que terminó sobrecalentándose y habría provocado el incendio que mientras consumía los enseres y artefactos en su camino cobró fuerza terminando por afectar a dos habitaciones continuas.

“De casualidad, mi hermano escuchó el televisor prendido y después se dio cuenta que salía fuego, todos salimos de la casa corriendo a la espera que alguien nos ayude”, contó, el hijo de doña Francisca Moreno.

Alertados del incendio, los hombres de rojo y los agentes del orden se presentaron en el lugar para controlar el fuego y brindar apoyo a las víctimas, sin embargo, a pesar que el fuego fue extinguido antes de arrasar con toda la vivienda, las pertenencias guardadas en las 3 habitaciones afectadas terminaron totalmente calcinadas.

De otro lado, cabe mencionar que a pesar que serenos de la Municipalidad han estado en los cuatro incendios registrados y han anotado los datos de los afectados hasta el día de ayer autoridades de la comuna sureña no alcanzaron ningún tipo de apoyo a las familias que quedaron totalmente en la calle.

“Nadie ha venido a apoyarnos, si hubiese sido antes de las elecciones seguro todos los candidatos venían pero nosotros tenemos bien claro que el apoyo es para la gente que tiene plata”, dijo, el morador del asentamiento humano Los Balcones, Juan Villanueva Jaramillo.

Para colmo, expresó que cuando se acercaron a la comisaria Buenos Aires, el fiscal de turno de manera ofensiva les dijo “seguro que nadie vivía por eso les han prendido sus ranchos” y como si fuera poco, cuando un policía los llamó para identificarlos en la lista que tenían “Todos los nombres eran falsos, seguro para que no investiguen nada porque se presume que fue provocado”, agregó.

La moradora del asentamiento humano “Casuarinas del Sur”, Juana Tesen Sechun (43), también cuestionó la falta de apoyo de la comuna, puesto que el responsable del área de Defensa Civil, Luis Abanto Vidarte que acostumbraba llegar al final de los siniestros para registrarlos y luego llevar apoyo ya no se le encuentra ni siquiera en su oficina.

Cabe mencionar, que tras intentar ubicar al jefe de Defensa Civil, nos informaron que estaba con permiso médico, la misma situación atravesó el gerente municipal, quien por fortuna mejoró y regresó a sus funciones. 

Muy mortificados por el abuso que consideran cometió la policía contra ellos, ayer salieron ante la opinión pública los presuntos responsables y las personas que fueron intervenidas en el interior del local del partido Acción popular y señalaron que accionarán penalmente, no sólo contra los agentes del orden  sino contra aquel que logró ocasionar el escándalo.

Pues, el abogado de los agraviados interpondrá la denuncia por abuso de autoridad y usurpación de funciones contra Yuri Espinoza, quien habría sido  destituido de su cargo el pasado mes de abril.

De manera tajante dijeron que en ningún momento se ha golpeado y amenazado y menos desalojado del local partidario al denominado secretario general del Comité Ejecutivo Provincial, Yuri Espinoza Vargas.

De esta manera, el presidente de la Comisión Reorganizadora de AP, Galo Cavel Rivero, negó los cargos imputados contra aquellas personas que se les tildó de delincuentes.

“Lamentamos como ha actuado la policía, no entendemos por qué este proceder si las 7 personas que estaban en el interior fueron contratadas para hacer el mantenimiento del local y justo en el momento que se encontraban tomando  desayunó ingresaron y a balazos los desalojaron, tratándolos como lo peor, incluso los golpearon y agredieron verbalmente”, expresó Cavel Rivero.

Lo indignante es que fueron mostrados ante la opinión pública como delincuentes aún cuando no encontraron evidencias que lo demuestren ya que ni siquiera portaban armas.

Cabe indicar que ayer el local permaneció cerrado y no se sabe si hoy reiniciará el normal funcionamiento.

Luego de un tiempo de espera, por fin se hizo justicia para los dirigentes del pueblo joven San Isidro, ya que el  Cuarto Juzgado Civil Especializado de la Corte Superior de Justicia del Santa decidió declarar fundada la acción de amparo que presentaron, exigiendo el retiro de una antena de telefonía instalada sin el respectivo permiso en la vivienda de la manzana P lote 12

Luego que el Juzgado en mención notificara al secretario general del  pueblo, Juan Díaz Torres, este puso en conocimiento de esta Resolución a  la Municipalidad Provincial del Santa

A fin que conozcan de esta resolución emitida hace algunos días atrás, donde se ordena el retiro inmediato de esta antena que ha mantenido a la expectativa a los moradores que temen pueda causar daño a su salud por la ondas que irradia.

“Ojalá se haga en el transcurso de la próxima semana tal como me han dicho en el área de Desarrollo urbano, que luego de ver esta resolución, han asegurado que existe un respaldo legal para traer abajo la antena que viene incomodando”, señaló el dirigente Díaz Torres quien espera terminar con este problema que lo han venido arrastrando desde el pasado mes de junio.

Cabe indicar que los dirigentes tramitaron de manera legal basándose que fue instalado sin el permiso correspondiente y más aún en salvaguarda de la salud de la población que teme pueda ocasionar enfermedades cancerígenas.

Con el fin de exigir el incremento de sus pensiones  en el presupuesto del año 2015 un grupo de jubilados y pensionistas pertenecientes a la Ley 19990 y 18846 marcharán hacia el Congreso de la República el próximo 13 de noviembre

Así lo dieron a conocer ayer un grupo de ellos, encabezados  por el presidente de la Asociación de Pensionistas de Siderperú, Elías Mostacero Cueva, quien dijo que es injusto que desde hace 13 años no hayan recibido el aumento de sus pensiones, motivo por el cual hoy deben conformarse con los  450 nuevos soles que perciben mensualmente y no les alcanza, por eso esperan que por lo menos suba al básico que es 750 nuevos soles.

“El costo de vida aumenta y las pensiones no pueden estar congeladas y eso nos preocupa trabajamos tanto años para que en esta etapa de nuestras vidas podamos estar tranquilos pero no es así y tenemos que estar en la lucha por nuestros derechos”, señaló el dirigente quien dijo que está haciendo las coordinaciones para presentarse ante la presidencia de la República, el Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía  y exponerle su pedido

Sin embargo, antes de esta fecha, un grupo de pensionistas viajarán hasta Huancavelica para estar presentes el  26 de octubre  en la plenaria de pensionistas donde  alistarán su propuesta para el día de la movilización.

Cabe indicar que cerca de 120 personas estarán viajando hacia la ciudad de Lima para participar de esta movilización que esperan tenga eco.

Cabe recordar que en Chimbote hay 10 mil pensionistas, que buscan percibir al menos un sueldo digno por  lo menos el básico pero no un monto irrisorio que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas del mes.

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