Muchos se sorprenden como es que a estas alturas el Poder Judicial no llegue a encausar ninguna de las denuncias formuladas, por ejemplo, contra el ex presidente regional de Ancash César Álvarez Aguilar, quien se encuentra confinado en la cárcel de “Piedras Gordas” desde el mes de Mayo del 2014.

Y es que ello obedece a la tradicional parsimonia del aparato judicial, a las dilaciones muchas veces intencionales de los trámites judiciales, la prolongación de los plazos y la lenidad de ciertos Fiscales en el diligenciamiento de los procesos, más aun cuando es el Ministerio Público quien siempre conserva la carga de la prueba.

En el caso de César Álvarez solo se conoce que ha avanzado el proceso penal relacionado con el crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, el mismo que se encuentra en fase de juicio oral, el otro proceso relacionado con el caso “La Centralita” recién debe haberse evacuado el requerimiento acusatorio luego que uno de los investigados planteara un pedido de control de plazos, mientras que todos los demás casos relacionados con actos de corrupción están aún en fase de investigación y algunos llegaran el próximo mes de marzo a la fase del juicio oral.

Sin embargo, no solo los casos de Álvarez son los que demuestran la escandalosa lentitud de los trámite judiciales, los procesos penales relacionados con otros ex presidente regionales se han demorado tanto o más aun y para muestra basta un botón: el ex gobernador regional Waldo Ríos Salcedo fue condenado el año pasado por un hecho que cometió el año 2000 cuando fue alcalde de Huaraz.

En efecto, Ríos Salcedo fue sentenciado después de 17 años, es cierto que para entonces los delitos no habían prescrito pero el accionar de la justicia dejó mucho que desear por que se ha tomado tantos años para poder deslindar algo que estaba tan claro como el agua.

En ese caso, relacionado con los pagos de diezmos para la adjudicación de una obra de electrificación, se contaba con mucha antelación con el testimonio clave del proveedor que cansado que lo estén citando de manera constante para que se presente a un juicio que volvía fojas cero por quiebre de proceso o por nulidades que se planteaban, decidió decir toda la verdad y confesar la manera como tenía que pagar para que pueda adjudicarse las obras en la gestión del entonces alcalde.

Con esa prueba la justicia decidió condenar a Waldo Ríos que ya para entonces se desempeñaba nada menos que como Gobernador tras haber ganado los comicios el año 2014 y de haber podido jurar el cargo solo después de un año con el extraño auxilio de unos “empresarios generosos” que le entregaron un millón de soles, en un hecho que ha generado otro juicio penal.

Lo cierto es que la justicia no fue nada expeditiva, como tampoco lo ha sido con la ex gerente de Administración del mismo Gobierno regional el año 2003, Rosa Arminda Yzaga Leuyón, a quien acaba de condenar a seis años de cárcel efectiva al hallarla responsable en delitos de Peculado y corrupción cuando ejerció el cargo en los primeros años de la década anterior.

Nuevamente, la justicia se ha tomado 15 años para poder resolver este caso que estuvo relacionado con los escandalosos hechos que se denunciaron en su oportunidad durante la gestión del vacado ex presidente regional Freddy Ghilardi Álvarez, de quien la condenada era su funcionaria de confianza.

Inclusive, junto a ella se le ha reservado la condena al entonces Gerente regional Alejandro Unzuetta Accinielli, un personaje que el titular de la región de entonces, llevó a Huaraz desde Lima pero no para aplicar una gestión de calidad y para establecer un manejo técnico, sino para que se levantaran en peso los recursos de la región, tal como en su debida oportunidad se denunció y como se demostró en una prolija investigación realizada por una comisión investigadora del Congreso de la República.

Obviamente, la ex gerente de Administración Rosa Yzaga ya no estaba presente en el juicio oral y por ello se han expedido las órdenes de captura a nivel nacional e internacional para que la detengan y pueda cumplir la sanción. Hay un sabio adagio que dice que la “justicia tarda pero llega”, empero, en este caso habría que aplicar otro que dice “más vale tarde que nunca”.

DESAGÜE PÚBLICO

Los propietarios de unos inmuebles en el P.J. Vila María protestaron la semana pasada luego que sus viviendas se vieran totalmente anegadas con aguas negras como consecuencia del estallido de la red doméstica de desagüe de ese sector, un atoro que presentaba olores diferentes y que denunciaba el abuso por parte de empresas pesqueras del sector.,

En efecto, estas aguas negras expedían un olor típico a la sanguaza, a los desperdicios de la actividad industrial de la pesca, por lo que es evidente que dos plantas que existen en la zona no cuenta con un emisor industrial y lo que hacen es derivar sus efluentes por la red de alcantarillado doméstico, lo cual es un total abuso.

Pero este no ha sido el único caso en los últimos días, la semana pasada ocurrió otro hecho similar con un buzón de la alcantarilla de la Florida Alta, en donde constantemente se registran desbordes de aguas negras con restos de pescado, siempre como consecuencia de la actividad industrial de empresas pesqueras del sector que prefieren arrojar sus desperdicios al desagüe antes que invertir en un emisor industrial.

Lamentablemente, las autoridades siguen permitiendo que empresas pesqueras que están obligadas a adherirse al emisor submarino construido por Aproferrol, sigan contaminando y perjudicando a cientos de familias con su nociva actividad.

No entendemos por qué lo hacen si se sabe que la ley sanciona esta indolencia con la cancelación definitiva de la licencia de operaciones de la empresa responsable, empero, hasta la fecha no se conoce de un solo caso en el cual se haya establecido este castigo, ya es momento que lo hagan, no creemos que estén esperando que Chimbote se convierta en un desagüe público para que tomen las medidas idóneas respecto a este álgido tema. Las autoridades sanitarias y municipales tienen la palabra.

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