Nuevamente un Juez de nuestra ciudad no pudo impedir que los miembros de una organización criminal consigan resoluciones favorables que abonan en una próxima liberación sin que hayan sido objeto de una sentencia como corresponde.

En esta oportunidad ha sido el Juez del Sexto Juzgado Anticorrupción de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, el que ha denegado el pedido que formulara el Fiscal de Crimen Organizado, César Villegas, quien pretendía que el plazo de la investigación se amplié por 12 meses más para estos investigados por el crimen del entonces Alcalde de Casma, José Montalbán Macedo.

Este caso es uno de los emblemáticos de nuestra jurisdicción en la medida que comprende al ex alcalde de Casma, Rommel Meza Cerna, al empresario Carlos Daniel Léon Milla, así como a los sindicados como sicarios William Minaya Córdova (a) Loco Willy y John Esteban Figueroa Guzmán.

Todos ellos vienen purgando carcelería por casi 36 meses, lo que quiere decir que el plazo de prisión de 18 meses ya fue ampliado en una oportunidad, sin embargo, el Fiscal ha considerado necesario que se otorgue una nueva ampliación en la medida que se trata de un caso complejo en el que existen algunas diligencias pendientes que realizar.

Sin embargo, el juez ha manifestado lo que ya todos sabemos, es decir, que existe un acuerdo del Plenario de la Corte Suprema mediante el cual ha establecido que el plazo de prisión, como lo establece taxativamente la ley, solo se extiende por 36 meses, lo que quiere decir que si en ese término el Ministerio Publico no ha podido formular acusación o no se ha llevado a cabo el juicio oral para que se expida una sentencia, aquel que se encuentre recluido en un centro penitenciario debe ser liberado por exceso de carcelería.

Precisamente, debido a este acuerdo plenario, muchos implicados en delitos graves y delicados están consiguiendo eludir los barrotes de las celdas de diferentes penales del país porque ya llevaban más de 36 meses de reclusión y no tenían sentencia, como ha ocurrido, por ejemplo, con el caso La Centralita en donde muchos han ganado las calles debido a esta incapacidad del Ministerio Público para concluir la pesquisa y poder formular cargos para que el Poder Judicial expida una sentencia.

Ocurre que todos los Fiscales se habían acostumbrado a solicitar ampliaciones en los casos complejos en la medida que no avanzan con las pesquisas, como se dice en el argot popular “se duermen en sus laureles” y dejan que los plazos se agoten en la equivocada percepción que deben ampliarle los plazos porque se encuentran ante un caso complejo.

Y es que realmente existen casos en los cuales se amerita un plazo mayor de investigación, como el caso La Centralita en el que se tiene a 64 investigados y una serie de hechos por investigar, sin embargo, esto no es lo que ha tenido en cuenta el Plenario de la Corte Suprema que le ha puesto la soga al cuello a muchos Fiscales que permitieron la dilación de los plazos de la pesquisa sin hacer su trabajo, es decir, sin evaluar los hechos y formular sus requerimientos acusatorios.

Cierto es que todos los procesos no son iguales, hay algunos más accesibles, con pocos investigados y con pruebas suficientes, empero, hay otros en los cuales los 36 meses quedan cortos y son ellos en los cuales se vienen presentando serios inconvenientes con el acuerdo plenario de la suprema corte, el mismo que tienen  carácter vinculante, es decir, que es de cumplimiento obligatorio para los magistrados.

De allí que el pedido que había formulado el Fiscal César Villegas en este caso de “Los Encapuchados de Casma” resultaba inoficioso, no tenía mayor derrotero en la medida que en estos escenarios solo se realiza el cómputo de las fechas de inicio de las pesquisas y se aplica el acuerdo, nadie se detiene a escuchar si existen diligencias fundamentales que están pendientes o si se han registrado dilaciones ex profesamente promovidas por las partes, eso ya no tiene asidero con el pronunciamiento de la Corte Suprema.

Afortunadamente, como ocurre en el caso de “Los Encapuchados de Casma” los principales investigados arrastran otras ordenes de prisión que no permitirán que eludan la cárcel sino que su internamiento se prolongará hasta en tanto concluya los plazos de prisión en esos otros procesos.

De allí que lo que tiene que hacer el Ministerio Público es agilizar su desempeño, no es posible que en 36 meses no haya conseguido plantear y consolidar una teoría del caso con las pruebas que tiene a la mano, más aun cuando en el caso particular del crimen del alcalde José Montalbán Macedo se cuenta con pruebas contundentes que vinculan a los investigados, por lo que la acusación no tendría por qué demorar.

Los Fiscales deben entender que si en realidad existe alguna prueba pendiente aún tienen el juicio oral en la que pueden incorporarla siempre que lo dejen sentado al momento de acusar, pues no se puede alentar la impunidad en la manifiesta incapacidad de algunos Fiscales para formular sus requerimientos acusatorios con lo que se ha avanzado en la pesquisa,

De allí que lo que se tiene que analizar es si estas situaciones, que ya se repiten en muchos y sonados procesos penales, es consecuencia de un acuerdo plenario que es exageradamente cerrado o si esta retahíla de resoluciones que disponen la liberación de “pesos pesados” es producto de una deficiente labor de los representantes del Ministerio Público.

Creemos que las dos premisas tienen mucho que ver en lo que estamos padeciendo con el deficiente accionar de la justicia, de allí que los magistrados de la Corte Suprema debieron advertir que esto se podría venir y dejar abierta la posibilidad de hacer una disquisición en la aplicación cerrada de la norma procesal.

Los jueces no pueden fallar de manera automática, tienen un criterio con el que deben discernir de acuerdo a la naturaleza de los procesos, he allí un grave error en el acuerdo plenario vinculante que se ha convertido, lamentablemente, en la llave de las celdas que albergan a personajes que tienen mucho que responder ante la justicia y para  quienes la sociedad civil reclama una severa sanción. Si los Fiscales no cumplen con su labor veremos muchos otros casos en los cuales la sensación de impunidad quedará latente.

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