La segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte del Santa ha decidido separar al Juez anticorrupción, Eudosio Escalante Arroyo del conocimiento del emblemático caso del Desfalco millonario en la sede del Ministerio Público del Santa, ordenando que la causa se sujete al control de otro magistrado.

La medida responde al pedido inoficioso que hace unos dos meses planteara el Fiscal Felipe Elías Silva, demandando al juez Eudosio Escalante Arroyo su inhibición por decoro argumentando que había perdido la imparcialidad para poder llevar este proceso.

Este pedido fue rechazado liminarmente por el magistrado cuestionando el hecho que el Ministerio Público se sustente en subjetividades, por no decir chismes, para pretender aparatarlo del caso, pues consideraba que no existe causal alguna para tener que apartarse voluntariamente de este proceso.

En aquella ocasión los periodistas fueron testigos del tenso dialogo sostenido por el Juez y el Fiscal y recién en ese momento la opinión pública tomaba conocimiento de las abiertas diferencias que se registraban entre Juez y Fiscal cuando se trata de operadores que deben trabajar en conjunto para poder cumplir la meta del juicio penal.

Si la memoria no nos traiciona, este hecho fue revelado por el Fiscal Felipe Elías al señalar en audiencia que por versiones de uno de los proveedores involucrados en esta causa, se sabe que el Juez habría presionado a dos testigos con la finalidad que cambien su versión que sindica a los cabecillas de esta organización delictiva.

Esta acción enervó los ánimos del magistrado que tras un airado intercambio de ponencias terminó por desaprobar el pedido para apartarse del proceso, cuestionando el hecho que un representante del Ministerio Público se sustente en subjetividades para pretender perturbar al juez de la causa.

Sin embargo, esto que parecía no ser tan complicado se ha tornado en una verdadera pesadilla para quienes siguen de cerca esta investigación, pues la Segunda Sala Penal de Apelaciones, la instancia superior sí le ha otorgado mérito a las revelaciones que ha formuado el Ministerio Publico y ha considerado que dada la gravedad de los hechos se aparte al juez Eudosio Escalante y ha remitido el expediente al juzgado que despacha el Juez Luis Pérez Granados.

Por qué tanta drasticidad contra quienes operan la administración de justicia y no se hace lo mismo con aquellos que infringen las reglas, es decir contra los investigados, pues para los magistrados superiores la revelación que habría realizado un testigo es suficiente como para separar al Juez, un fundamento que ha llamado la atención.

A decir de lo expuesto en la resolución de vista, el juez habría sido acusado por los ex proveedores de la Fiscalía Román Gerardo Otiniano Cruzado y German Julca Orrillo, de haber pretendido presionarlos luego que recibieran la visita del abogado Augusto Cruz Rosell acompañado de un pintor que habría trabajado antes con el juez para exigirles que cambien su versión que acusa a los ex funcionarios de la Fiscalía.

De la misma manera, los magistrados agregan al pedido del fiscal el hecho que en el marco de la audiencia de cese de prisión preventiva solicitado por el ex cajero de la Fiscalía Sergio Fernando Sotelo Valenzuela, el magistrado suspendido el desarrollo de la diligencia con la finalidad de solicitar información adicional respecto al vínculo contractual del ex proveedor Román Cruzado con la Fiscalía.

Para los jueces superiores este solo hecho pone de manifiesto la vulneración del principio del tercero imparcial en el caso del magistrado, razón por la cual han decidido apartarlo de este proceso penal que está demorando demasiado como lo advierte la población y en la medida que ya se habían actuado pruebas importantes que deslindarían cualquier pretensión coludida del magistrado.

Lamentablemente, esta clase de hechos enturbian el desarrollo de un proceso penal, promuevan la dilación de los plazos de la investigación y dejan sembradas las dudas y suspicacias respecto a un caso emblemático en el que la comunidad chimbotana había advertido la esperanza que se concrete una pesquisa absolutamente transparente y se sancione con rigurosidad a quienes esquilmaron los recursos del Ministerio Público mediante actos fraudulentos que están debidamente sustentados.

Y es que resulta sorprendente que la Sala Superior aparte del proceso al Juez bajo el argumento que se encuentra sujeto a una investigación en la OIDECMA por los hechos descritos por el Fiscal en su pedido de inhibición en la medida que la investigación que tiene pendiente la ODECMA no se inició porque alguna parte haya denunciado al magistrado sino por iniciativa del propio Juez Eudosio Escalante.

Esto es algo que remarcó el magistrado cuando trascendió públicamente el incidente surgido con el Fiscal por la supuesta presión a los testigos, señalando que ante las insinuaciones del representante del Ministerio Público, fue él quien se acercó hasta la ODECMA con la finalidad que se deslinde responsabilidades, lo que quiere decir que la absoluta disposición del magistrado para que se aclaren las cosas no pueden servir como fundamento para que lo aparten de la investigación.

Esto es más contraproducente aun cuando se sabe que aquellos que han sido mencionados como supuestos partícipes de una suerte de presión, es decir, los ex proveedores de la Fiscalía y un pintor, han declarado ante la Fiscalía que ellos no han expresado cuestionamiento alguno a la función del Juez y menos han sido objeto de presión alguna, con lo cual se desinfla los cargos contra el magistrado.

Lamentablemente, la decisión superior ya está dada y el caso ha pasado a manos de otro Juez, de allí que la opinión pública está alerta al desarrollo de este caso porque no puede ser que a estas alturas, cuando la pesquisa está en la parte final se ponga en tela de juicio el comportamiento de un magistrado sin que exista evidencia suficiente. Esperemos que la pesquisa concluya de una buena vez porque cuando se denunciaron estos hechos se revelaron una serie de pruebas que ya deberían haber llevado a una sentencia final.

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