Cuando los chimbotanos se aprestaban a celebrar la nochebuena y se apuraban en organizar la tradicional cena pascual, así como finiquitar sus obligaciones laborales en el cierre de actividades hasta después del feriado navideño, el Presidente de la República anunció sorpresivamente que el gobierno estaba decretando el estado de emergencia en las provincias de Santa y Casma, dejando la seguridad absoluta en manos de la Policía Nacional, para lo cual se destinaban refuerzos.

El anuncio se hizo antes que se publicara la norma legal respectiva, es decir, el decreto supremo que dispone las reglas de juego en este régimen de excepción, empero, el Jefe de Estado Ollanta Humala manifestó a la prensa que se establecería bajo el mismo molde que se había implementado en la provincia constitucional del Callao.

En tal sentido, advirtió que la medida fue implementada por el Consejo de Estado y respondía a la necesidad de afianzar la seguridad por las fiestas de fin de año en dos provincias en donde los índices delincuenciales habían rebasado los límites de la tolerancia de la autoridad y por ello había necesidad de imponer orden y tranquilidad.

Fue entonces que tomamos conocimiento que este estado de emergencia no alcanzaba los mismos ribetes de un régimen de excepción por antonomasia, de aquellos que están normados en la Constitución Política del Estado, sino que se trataba de un régimen relativo en lo que respecta a las restricciones de los derechos y las garantías constitucionales de las personas.

En efecto, la emergencia que se ha decretado solo suspende dos garantías constitucionales que se le reconoce a toda persona, la referida a la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio, en buen romance, lo que se dejaba sin efecto era la obligación de la autoridad de contar con autorización escrita y motivada de un Juez para poder detener a una persona o para allanar un inmueble cuando exista sospecha de la comisión de un delito.

Los demás derechos personales no se trastocan como la libertad de tránsito, el derecho de reunión, las libertades de trabajo, etc., por lo tanto, este régimen era especial y se ha diseñado para luchar directamente contra la delincuencia.

Es lo que se estaba viendo en el Callao, en donde unas semanas antes la “guerra entre bandas criminales” venía sembrado se muerte y derramamiento de sangre en sus calles con el atentado contra Wilburg Castillo, un ex delincuente que se había convertido en colaborador de las autoridades.

Lo cierto es que el Consejo de Estado estaba recogiendo a estas alturas un pedido formulado por la sociedad civil de Chimbote, una desesperada demanda que se sancionó hace dos meses atrás, específicamente unos días después que se concretara el cruel y cobarde atentado criminal que cegó la vida del alcalde de Samanco Francisco Ariza Espinoza y del joven abogado Henry Aldea Correa.

Aquel execrable doble crimen se perpetró el 20 de octubre del año pasado, era la secuela de una serie de asesinatos que se venían sucediendo en casos de extorsiones, tráfico de tierras y disputa de cupos entre organizaciones criminales, el sicariato había llegado a su punto máximo y estaba poniendo en tela de juicio la seguridad de la población ante el fracaso del accionar de la Policía Nacional.

Por ello es que las autoridades reunidas en torno al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) aprobaron un acuerdo para demandar más acción al gobierno central frente a esta orgía de sangre y violencia, para que se consolide la seguridad, inclusive, con el despliegue de las fuerzas armadas en las calles de nuestra ciudad porque se temía que esto se agudice mucho más.

Por entonces el pedido de las autoridades locales no fue atendido, recordamos que el Ministro del Interior, el mismo que luego aparece firmando la emergencia, les pidió a las autoridades que dejen de lado esta demanda porque era un pedido extremo, que la violencia que se registra en nuestra ciudad puede ser atendida por la Policía Nacional, razón por la cual ofreció y concretó el inmediato envío de un contingente de la DINOES que realizó trabajo de rastrillaje durante un mes en nuestra ciudad y en los distritos principales, como Samanco que estaba envuelto en una tragedia.

De allí que se pensaba que el tema de la seguridad había sido superado para el gobierno, que definitivamente no estaba dispuesto a atender los requerimientos que, incluso, fueron materia de un compromiso por parte del Ministro del Interior, como la implementación de una unidad del escuadrón de emergencia en Nuevo Chimbote, empero, todo indica que las medidas excepcionales dictadas en el Callao y los resultados que se registraron los llevaron a reabrir el expediente de Santa y Casma.

En efecto, el estado de emergencia relativo que se ha impuesto desde la Navidad ha permitido en la primera semana capturar a una serie de sujetos que estaban al margen de la ley, fugitivos que estaban requisitoriados, delincuentes que almacenaban armas, microcomercializadores que derraman su veneno por las calles y maleantes sorprendidos cuando planeaban sus fechorías.

De la misma manera, este régimen ha permitido a las autoridades “golpear” en aquellos lugares en donde se ocultaban delincuentes y en donde operaban centros de expendio de droga, incursionando en los inmuebles con la sola sospecha de la comisión de delitos y sin necesidad de requerir de una orden judicial, lo que le ha permitido detener a una serie de delincuentes que son puestos a disposición del Ministerio Público para la correspondiente acusación y sanción por medio del nuevo procedimiento inmediato o por delito de flagrancia.

Siempre se dice que el tiempo nos da la razón, afortunadamente el gobierno pensó en la cruda violencia y delincuencia en Chimbote para establecer un régimen especial que definitivamente afianza la seguridad en las calles y hace frente a la delincuencia común, ello demuestra que tuvimos razón cuando tocamos las puertas del Ejecutivo y se reclamó el estado de emergencia, seguramente no pensamos en este molde que se ha impuesto pero sí era una extrema necesidad para neutralizar a la delincuencia.

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