Editorial ::: OPORTUNA CONTUNDENCIA :::

Jueves 14 de Junio de 2012 00:41

Pese a las preocupantes dificultades que ha significado la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal, el Poder Judicial decretó el pasado fin  de semana la reclusión de cuatro delincuentes inmersos en presuntos hechos delictivos que han conmocionado a la colectividad.

Se trata del avezado sujeto Luis Alberto Sánchez Alva, más conocido como “Chazán”, quien fue capturado por la Policía en las horas previas que se pusiera en vigencia en nuestra jurisdicción el nuevo Código Procesal Penal, razón por la cual el inicio de su juzgamiento se dio a través de normas casi desconocidas no solo para los ciudadanos sino para los propios magistrados que han sido designados en esta tarea.

El segundo caso que se debió resolver con este nuevo sistema es el relacionado con tres jóvenes detenidos en el marco de una celada que se organizó cuando extorsionaban a un empresario que le venían exigiendo una suma de dinero y al cual, unos días antes, atacaron hiciendo detonar un petardo de dinamita en la puerta de su establecimiento.

En ambos casos no solo se advirtió el exagerado nerviosismo de magistrados que no dominaban las nuevas normas procesales y que accedían a un sistema público y oralizado que los hacía dudar y trastabillar muchas veces, aun cuando pudieron pasar la prueba de fuego sustentando debidamente las razones de la orden de detención en ambos casos.

Tratándose de la primera audiencia, la presencia de público, entre litigantes, abogados y hasta estudiantes de derecho que trataban de conocer la nueva mecánica procesal, el “caso Chazán” concitó una total expectativa, de allí que debió ser el Juez Richard Concepción Carhuancho quien aportó en mucho para poder justificar la medida de detención de un sujeto tan peligroso como Sánchez Alva, de acuerdo a todos los antecedentes de los cuales estaba precedido.

Ese nerviosismo inicial se afianzó luego en el caso de los tres sujetos detenidos en flagrante acto de extorsión, en cuyo caso fue la Juez quien puso de manifiesto una abierta inexperiencia en estos menesteres, pues la audiencia en la que debería decidir la solicitud de prisión preventiva que estaba solicitando el Ministerio Público fue suspendida por espacio de cinco horas, lo que fue considerado por los abogados y las partes involucrados como una exageración.

Lamentablemente, al ponerse en marcha el nuevo sistema procesal penal para la investigación de todos los delitos perseguibles de oficio se ha advertido que las dos entidades encargadas de administrar justicia no se encuentran debidamente preparadas para llevar adelante esta nueva mecánica.

No solo se habla de cuestiones de infraestructura, pues el nuevo procedimiento implica más ambientes y tecnología moderna en el registro de las audiencias, sino en lo que se refiere al factor humano, tanto los servidores como magistrados no se encuentran suficientemente preparados para llevar adelante los procesos.

Cierto es que cuando se ponen marcha cualquier empresa cunde el nerviosismo y la natural impericia de los operadores del nuevo procedimiento, sin embargo, en el caso del nuevo código procesal penal se pudo advertir que ello era consecuencia de una inadecuada preparación de quienes estaban obligados a adiestrarse de manera conveniente ante el reto que ha significado la puesta en marcha del nuevo modelo procesal.

Ello es más inquietante aun si se tiene en cuenta que la nueva normatividad, como lo dijimos en este mismo espacio, no es tan reciente o actual, por el contrario, data ya de muchos años atrás y que solo estaba pendiente de aplicarse, lo cual no se concretaba por razones estrictamente presupuestales.

En otras palabras, los operadores de justicia tuvieron hasta 8 años para poder capacitarse en el nuevo sistema procesal, debieron desarrollar talleres y charlas de adiestramiento de manera permanente, sin embargo, estas ponencias, entre las que se encuentran las audiencias simuladas, solo se hicieron a la hora undécima, cuando el plazo de aplicación ya se vencía y se hacían las cosas de manera apresurada, a la vieja y mala costumbre de los peruanos de dejar todo para el final.

Esto es lo más censurable en medio del denodado esfuerzo que se observó entre quienes fueron encargados de implementar las nuevas normas, como es el caso del presidente de la Corte Superior del Santa a quien se le vio hasta en charlas públicas con la finalidad de hacer llegar a los justiciables la información relacionada con el nuevo sistema que se aplicaría en la sede judicial.

No ocurrió lo mismo en el Ministerio Público en donde el titular del pliego, el Fiscal decano Dante Farro se mantuvo al margen de su responsabilidad por la licencia que solicitó para poder hacer frente al proceso de ratificación que hasta la fecha, extrañamente, no concluye, por lo que las labores de acondicionamiento estuvo en manos de otros.

Afortunadamente, en los dos casos más sonados relacionados con el accionar delincuencial de Chimbote, los magistrados tuvieron la suficiente sapiencia como para poder superar los escollos de una nueva mecánica procesal que los obliga a tener que sustentar los mandatos de detención de los procesados en un solo acto, más aun cuando cualquier falla o error deriva posteriormente en nulidades que pueden promover la impunidad.

Cierto es, como lo señalaba un trajinado letrado, que los mandatos de detención para “Chazán” como para los tres jóvenes capturados “in fraganti” en un acto de extorsión no habría sido tan complicado en el antiguo sistema procesal, bastaba con una resolución que enumere las circunstancias de su captura, empero, en esta oportunidad han debido ser más celosos y meticulosos para delinear las pruebas recogidas por la Policía y ello les tomó demasiado tiempo.

Esperemos que la práctica supere todas estas deficiencias iniciales, lo que se exige es que se mantenga la oportuna contundencia frente la delincuencia que cunde en Chimbote.