Editorial ::: DEMASIADO MANSO :::

Lunes 14 de Mayo de 2012 03:24

Una encendida polémica se ha registrado la semana pasada en torno a la investigación relacionada al crimen del Fiscal Luis Sánchez Colona debido al tratamiento indulgente que se le ha otorgado a uno de los involucrados y cuyos protagonistas han sido nada menos que los operadores de justicia, es decir, el Juez, la Fiscal y el Jefe de la División Policial.

Todo se inició cuando la Fiscal Carmen Berrocal expresó su impotencia frente a la presentación del involucrado Richard Bracamonte Méndez (a) “Cachete” la semana pasada ante la SEINCRI para rendir su manifestación y al retirarse tras esta diligencia, pues lamentó que el Juez José Manzo Villanueva le haya denegado en dos oportunidades la orden de detención preliminar que estaban solicitando, similar a la que sí concedió contra el empresario Jack Castillo Castillo y Daniel Huamancóndor de la Cruz (a) “Loco Danny”.

Abordado por la prensa, el magistrado respondió la alusión señalando que no podía haber dictado una detención contra Bracamonte por que no existían pruebas fehacientes respecto a su participación en los hechos, agregando que ello fue consecuencia del deficiente trabajo realizado por la Policía y el Fiscal al no haber aportado las pruebas que permitan dictar los apremios más drásticos.

Obviamente que estas aseveraciones sorprendieron a propios y extraños y generó la lógica reacción no solo del Jefe Policial, Coronel Walter Ramos que la calificó como falta de tino del magistrado, sino de la Fiscal Carmen Berrocal que lamentó que al Juez le temblara la mano para firmar una orden detención preliminar y señaló, sin pelo ni señales, que la administración de justicia necesita de magistrados valientes.

No le falta razón a la Fiscal si se tiene en cuenta que estamos frente a un proceso sumamente delicado en el que la sociedad necesita resguardarse de la creciente delincuencia y requiere de un mensaje de la justicia que debe ser inflexible.

Y, es que no puede ser más desacertado el juez José Manzo cuando hace precisiones que solo atentan contra la investigación y que lo expone como un profesional que no sabe guardar las distancias y adelanta juicio respecto a su intervención futura en el proceso penal que se seguirá contra los presuntos autores del crimen del Fiscal Luis Sánchez.

Ello porque conspira contra la investigación y se pone de parte de los involucrados al desmerecer toda una pesquisa policial, al descartar de plano pruebas periciales y los hallazgos que han permitido a las autoridades develar el misterio que existía en torno al asesinato del joven Fiscal de Casma.

No puede reclamar pruebas fehacientes para dictar una orden de detención preliminar porque ellas se exigen y se requieren cuando se debe condenar a una persona, es decir, al final de un proceso penal y tras haberse actuado todas las pruebas requeridas en la investigación a nivel jurisdiccional.

Si el juez Manzo no sabe esto entonces no tiene nada que hacer al frente de un despacho judicial porque eso es tan elemental como que dos más dos son cuatro, salvo que tenga alguna fórmula que le permita señalar que todos estamos equivocados.

Cuando se inicia una investigación y se debe denunciar a una persona presuntamente involucrada en un delito solo se requiere de indicios razonables de su participación, si el Ministerio Público demanda la detención preliminar es porque ha reunido las evidencias razonables que ameritan una orden de arraigo a efectos de evitar la fuga del implicado, más aun cuando se trata de una persona que tiene antecedentes penales y que carece de un empleo fijo que le permita descartar un peligro procesal.

Y las evidencias ya las conocen todos, tanto la Policía como el Ministerio Público han construido una hipótesis que se genera en las pistas que dejara la propia víctima, en los mensajes de voz que se hallaron en la memoria del equipo telefónico del asesinado Fiscal, en los mensajes de texto y las estrechas vinculaciones entre los involucrados.

El magistrado es conciente que en toda pesquisa los agentes cuentan con información confidencial que se maneja en sectores del hampa, por ello es que pueden llegar a identificar a los autores materiales, sin embargo, el Juez aparentemente quiere un vídeo del crimen y que las imágenes muestren a los asesinos como para dictarles orden de detención lo cual es un despropósito jurídico.

Si a todo esto se añade que el crimen del joven Fiscal Luis Sánchez Colona es un caso sumamente sensible y delicado para el concierto colectivo, que ha causado conmoción no solo por la condición que ostentaba sino porque es uno de los tantos hechos que ponen en serio riesgo la seguridad de la ciudadana ante el incremento de la ciudadanía, por lo que frente a estos hechos lo que se impone es que la justicia se ponga de lado de la sociedad, que entienda que en estos casos se requieren de apremios contundentes para poder acreditar los delitos, más aun cuando desde este momento el Juez José Manzo será el único responsable si el implicado Richard Bracamonte desaparece de escena y se da a la fuga.

No cabe duda que le faltado mucha experiencia al Juez José Manzo Villanueva para afrontar un tema tan delicado como la investigación del crimen del Fiscal Luis Sánchez Colona, bastaba con admitir que no contaba con pruebas suficientes para dictar detención y no tenía necesidad de desmerecer el trabajo de otros para justificar sus decisiones.

Al hacerlo solo le hace un flaco favor a la criminalidad y expone su condición de elemento imparcial en una investigación penal, tendrá necesariamente que ser separado si es que la denuncia llega a su despacho porque sencillamente toda la ciudadanía ha perdido credibilidad en su accionar al haber adelantado su criterio.

No le falta razón a la Fiscal Carmen Berrocal cuando sostiene que para hacer frente a la delincuencia y la criminalidad se necesita de decisiones valientes y para ello es imperativo que se cuente con magistrados valientes para dictar los apremios que garanticen el anhelo de justicia de la colectividad. Estamos ante un magistrado demasiado manso, excesivamente legalista que se ha puesto de lado de quienes son los presuntos homicidas y autores de uno de los hechos policiales más repudiables de los últimos tiempos.