Existen procesos penales que por la cantidad de delitos y de investigados suelen desafiar los plazos y términos que determina la ley procesal como los máximos o recomendables para terminar una pesquisa y poder formular una acusación y posteriormente una condena.

Este es el espíritu de la ley procesal vigente, es decir, terminar con aquellos juicios larguísimos y prolongados que desvirtuaban la razón de ser de la administración de justicia, pues al no impartirse en su debida oportunidad sencillamente deja de ser justicia.

Así tenemos casos emblemáticos que han superado todos los plazos habidos y por haber y han permitido a muchos de sus involucrados a ganar las calles por exceso de carcelería, como “La Centralita”, el crimen de Ezequiel Nolasco, el asesinato del ex alcalde de Casma José Montalbán Macedo y otros.

Y dentro de este abanico de procesos prolongados y tediosos se encuentra el caso conocido como “Avenida Pardo”, que es el relacionado con las componendas y contubernios entre ex funcionarios “comandos” del gobierno regional de Ancash con empresarios que se prestaron a un oscuro manejo de pago de coimas bajo la mesa para adjudicarse y ejecutar irregularmente la obra de mejoramiento de la avenida Pardo en nuestra ciudad.

Este proceso sufrió una serie de traspiés en la denominada “fase intermedia” pues había transcurrido un año y el Juez de la causa no podía instalar la audiencia de control de acusación por una serie de circunstancias, por dilaciones de la propia defensa y actuaciones procesales que involucraron la revisión de impugnaciones en la instancia superior, lo cierto era que había transcurrido demasiado tiempo y el caso seguía en el mismo estadío procesal.

Sin embargo, la paciencia judicial tiene un límite, el Juez Jorge Chávez Tamariz, quien estaba a cargo de esta causa, hizo valer los apremios de la ley y la semana pasada se propuso instalar la audiencia a pesar de las conocidas acciones perturbadoras a la que se prestaban los abogados con su inconcurrencia a las diligencias.

Por ello es que separando a algunos abogados y designando a letrados de la defensa pública, consiguió instalar la audiencia de control de acusación y de inmediato citó dos días después para su continuación, empero, nuevos vicios alegados por los abogados dieron lugar a que se anulara la instalación de la audiencia y se convoque otra para el mes de abril para comenzar nuevamente.

En esta oportunidad fue el abogado Nelson Rivera Moreira, quien patrocina a uno de los empresarios involucrados, el que reclamó que no había sido correctamente notificado para responder el requerimiento acusatorio, situación que fue verificada en el expediente por el Juez que advirtió que, efectivamente, el notificador no había procedido legalmente en el asiento que corresponde a la defensa, y, en ese sentido, no se podría cercenar su “derecho a la defensa” y tenía que notificársele nuevamente el requerimiento para que formule sus reparos y observaciones.

Por ello es que recién el otro mes comenzará este caso y ya no tendrá al mismo magistrado al frente, pues como se sabe el Dr.Jorge Chávez ha sido promovido a la Sala Penal Nacional de Lima, por ende, será la Juez Gabriela Saavedra quien se encargue de sustanciar este caso y se espera que lo haga con el tino necesario a efectos que no se siga extendiendo un juicio que todos esperan llegue de una buena vez a juicio oral en la medida que ha sido uno de los escandalos más bochornosos de corrupción en Chimbote.

En este caso los investigados no solo se coludieron para beneficiar a la empresa Consorcio Pardo en la adjudicación de la buena pro sino que lo hicieron también en la ejecución misma de la obra, permitiéndoles que inserten cartas fianzas de entidades no reconocidas por la SBS como COOPEX así como el pago excesivo de valorizaciones que no se condecían con el real avance físico de la obra, entre otras irregularidades.

Además, procedió a ejecutar dicha obra sin contar con el acuerdo de consejo regional que lo autorice, sin previa opinión de la oficina de planeamiento y sin disponibilidad presupuestaria; pero lo más grave es que se utilizó un expediente técnico simulado que jamás se elaboró anticipadamente y que en el cuerpo documentario insertaba declaraciones falsas, como la del ingeniero civil Juan Pablo Huamán Linares referidos al estudio de suelos.

También se le imputa haber mantenido a un comité de adjudicaciones que permitió graves irregularidades en el proceso de buena pro como el hecho de no haber admitido en la integración de bases una recomendación del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, favoreciendo así al postor Consorcio Pardo.

De la misma manera existe un informe de la Contraloría General de la República que determinó que al momento de licitarse la obra por más de 39 millones de soles, no existía expediente técnico, pero además, el valor referencial de la licitación se habría determinado de manera irregular, con el agravante que se hizo la convocatoria sin certificación presupuestal.

Y en lo que respecta al mentado expediente técnico se llegó a establecer supuestamente fue elaborado fue por el ingeniero Raymundo Chihuán Gaspar, sin embargo, este profesional señaló que sí firmó el expediente, pero no lo elaboró. Lo hizo a pedido del subgerente de Infraestructura de la Subregión Pacífico William Bejarano Rivera, a cambio de un pago que le haría la empresa constructora, que tampoco se concretó, lo que demuestra que los propios ex funcionarios estuvieron detrás de esta obra.

Con todo estos antecedentes, con todos los méritos probatorios que ha recopilado el Ministerio Público, no se entiende como es que se dilata un proceso que tiene los mismos y escandalosos ribetes que aquellos que alcanzara el caso conocido como “desratización” que ha llevado a varios ex funcionarios comandos al presidio.

Esperemos que la justicia imponga su majestad para impedir que esos artificios procesales a los cuales apelan los abogados pueda seguir dilatando el encausamiento de este proceso. Con tantas pruebas en .la carpeta es necesario que se avance y se concluya porque aun cuando convenimos que estamos ante un proceso complicado, no se puede olvidar que “justicia que tarda, ya no es justicia”.

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