El procurador de la Municipalidad Provincial del Santa. Denis Cabrera Aguilar, ha vuelto a cobrar protagonismo la semana pasada luego de plantear una tercera denuncia penal contra ex funcionarios de la repartición edil, por la comisión de presuntos delitos contra los deberes de función, traducidos en el derroche y dispendio del erario municipal a través de la concertación y colusión con empresarios en la ejecución de obras.

En esta oportunidad el abogado defensor de la comuna provincial presentó una nueva denuncia penal por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales entre otros, referidos a la ejecución contractual y supervisión de la obra “Mejoramiento vial de la avenida Camino Real” I etapa, presupuestada en más de 5 millones 565 mil soles.

La denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa se sustenta en el informe legal de auditoría N° 026-2018 de la Contraloría General de la República que advierte serías irregularidades en la ejecución de estos trabajos a cargo del Consorcio Camino Real, el cual habría originado un perjuicio económico de más de 62 mil soles en agravio de la comuna provincial (El Estado).

Una vez más los denunciados son la exgerente y el ex subgerente de Obras Públicas, Micaela Beatriz Flores Gómez y Javier Fernando Menacho Méndez, quienes se encuentran como prófugos de la justicia, además del ex subgerente de Proyectos y Estudios Técnicos, Jaime Alexander Ordoñez Álvarez y el ex supervisor de la obra de parte del consorcio, Julio Cesar Martínez Estrada.

También fueron denunciados el representante legal del consorcio Camino Real, Edgar Valcárcel Silva y los ingenieros residentes de la obra por dicho consorcio, José Fernando Inca Malpartida y José Wilson Portales Arias.

El procurador dijo a los periodistas que los exfuncionarios ediles y demás mencionados no habrían cumplido con los requisitos enmarcados en el expediente técnico y cometieron presuntas irregularidades como las valorizaciones para justificar un pago que no tuvo ningún sustento técnico, la recepción de la obra de manera irregular, a pesar de tener más de 15 observaciones; pagos sin contar con documentos que acrediten la conformidad, entre muchos otros.

En buen romance, tenemos un nuevo caso en el que los representantes del consorcio se habrían coludido con los funcionarios ediles a efectos de poder favorecerse económicamente, una modalidad delictiva que se repite constantemente cuando se trata de gestiones públicas, sean municipales, estatales o regionales.

Sin embargo, lo que habría que advertir en esta oportunidad es que las denuncias se formulan con el sustento técnico debido, en mérito de informes emitidos por la oficina regional de la Contraloría General de la República luego de haber evaluado los actos de gestión del período anterior, el mismo que se inició con la ex alcaldesa Victoria Espinoza García, continuó con Julio Cortéz Rojas y concluyó con Humberto Ortiz Soto, pues los dos primeros han sido condenados y hasta la fecha se encuentran en calidad de prófugos de la justicia.

Empero, hay algunos chimbotanos que deben recordar que la historia se repite, tal pareciera que hemos retrocedido una década atrás, cuando la ex alcaldesa Victoria Espinoza terminaba su primer período de gestión y asumía el cargo el ex alcalde Luis Arroyo Rojas, tiempos en los cuales se formulaban serios reparos a las obras emprendidas por la ex burgomaestre y hasta se cuestionaba su desmedido patrimonio que no se justificaba con los ingresos que poseía.

Fue entonces que el Ministerio Público formuló hasta cuatro denuncias penales contra la ex alcaldesa y los funcionarios que la secundaban, a decir por delito de Enriquecimiento Ilícito, por malversación de fondos, por el llamado caso Nehalem y los semáforos inteligentes.

Por el primer caso fue condenada a 7 años de cárcel y se mantuvo como prófuga por espacio de 11 meses luego de los cuales consiguió que la Corte Suprema, en polémica ejecutoria, la absolviera y retomó la alcaldía. Luego fue absuelta por el caso de malversación tras haber sido condenada en primera instancia, finalmente ha sido condenada por el caso de semáforos inteligentes y ahora ultimo por el caso Nehalem, por ello nuevamente está como prófuga de la justicia.

Pero estos casos se incubaron justamente luego de haber concluido su primer periodo como Alcaldesa, cuando las auditorías de control interno o las denuncias que se formularon desde la procuraduría anticorrupción acumularon un numero de investigaciones que fue avanzando y llegó a la campaña electoral que la encumbró nuevamente como titular del pliego municipal con un paquete de cargos incriminatorios que pocos demandamos que se tengan en cuenta antes se elegir a la nueva autoridad.

Lamentablemente, un pueblo cegado por las formas y las propuestas demagógicas no permitieron que se observe este caudal judicial que por entonces se gestaba, por el contrario, permitieron que la ex alcaldesa asuma nuevamente el timón de la casa consistorial de Chimbote y ya todos sabemos como ha terminado.

Por ello, quienes hemos vivido todos esos aciagos pasajes de la política chimbotana rememoramos y nos encontramos ahora con un escenario similar, ha concluido la gestión de Rio Santa Caudaloso, la ex alcaldesa ya no solo estaba al frente del Municipio sino que debió ocultarse hasta la fecha de la persecución judicial, empero, aparecen nuevos cargos delictivos sobre su gestión, los mismos funcionarios con los que hoy evade el brazo largo de la ley, han sido nuevamente denunciados por otros hechos irregulares en el manejo de los recursos ediles.

Todo indica que estas primeras denuncias no serán las únicas, por el contrario, serian parte de la nueva carga judicial que le espera a los ex alcaldes y ex funcionarios de la gestión de Rio Santa Caudaloso, aquella en la que se descompone y huele a podrido cada vez que la contraloría destapa los expedientes de las obras ejecutadas para investigar en qué condiciones se realizaron. Cierto es entonces que la historia se repite.

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