Lógicamente la disconformidad del ex titular de Ancash radica en el hecho que la estrategia legal que había diseñado su defensa para dejar el Penal de “Piedras Gordas” en estos días se vino abajo y se mantendrá tras las rejas por seis meses más si es que en este período no le dictan una sentencia condenatoria.

Sin embargo, la decisión de la Juez se ajusta a la ley y el curso procesal que tiene el proceso penal que se le sigue en el caso “La Centralita”, es un mandato de prisión que estaba pendiente de ser revisado y que nadie sospechaba que ya se había resuelto sino es hasta la semana que pasó cuando la Juez expidió la resolución.

Y es que para la defensa de Álvarez el mandato de prisión que tenía en el caso La Centralita ya había expirado, como también había expirado el mismo mandato de prisión que se le dictó en el “caso Nolasco”, el juicio que se le sigue por el crimen cometido en marzo del año 2014, consecuentemente, para ellos solo estaba vigente la prisión preventiva de 18 meses en el caso del crimen de Hilda Saldarriaga, el cual vencerá indefectiblemente el 25 de enero de este año.

Empero, olvidaron que en noviembre del 2017, cuando una Sala Penal nacional desestimó la ampliación del plazo de prisión que tenía en el caso La Centralita, la Fiscalía Superior había planteado un recurso de casación contra esa resolución, pues se consideró que no era consecuente con la normatividad y por ello el Ministerio Público demandaba que se cumpla con los meses de prisión que estaban pendientes.

Nadie le prestó atención a ese trámite y mientras se discutían otros procesos penales, la máxima instancia jurisdiccional evaluaba la casación y en diciembre del año pasado se pronunció acogiendo la posición de la Fiscalía y descalificando la resolución de segunda instancia en la medida que se había dictado en mérito de un pleno casatorio que en ese momento impedía que se amplíe dos veces un plazo de prisión pero que, en el caso de César Álvarez, no podía aplicarse de manera retroactiva pues siendo una norma procesal solo rige para los casos que se implementen a futuro.

Quiere decir esto que el plazo de prisión que se interrumpió en el proceso de “La Centralita” debería reponerse, tenía que ampliarse en el tiempo que dejó de estar en vigencia aun cuando el ex presidente regional se encontraba en cárcel, por ello es que la Juez Álvarez Camacho ha establecido que este periodo se computa desde el 28 de diciembre, cuando se notificó la ejecutoria suprema al Juzgado, hasta el 15 de julio en que vencerá el periodo de prisión en este proceso.

Con esta decisión se despejaron todas las dudas, obviamente los abogados del ex presidente regional apelarán la decisión de la Juez, sin embargo, entretanto la medida tiene que cumplirse, y mientras tanto, los procesos penales que están en giro alcanzarán y seguramente encontrarán a Álvarez Aguilar en otra condición en Julio próximo.

En efecto, ya sin posibilidad de eludir el presidio, el expresidente regional no ha intentado frustrar una vez más la audiencia de apelación de la sentencia que lo ha condenado a dos años de prisión efectiva en el juicio conocido como “obras abandonadas”, diligencia que se ha cumplido la última semana y que definirá también su condición jurídica.

Por ello es que se ha apelado a un abogado especializado y con experiencia en estos menesteres y muy conocido en estos momentos como es el letrado Humberto Abanto Verástegiui, quien atiende otros conocidos procesos penales en el país y quien ha sustentado ante los jueces de la segunda Sala Penal de nuestra ciudad las razones por las cuales consideran que esa sentencia debería ser revocada.

La audiencia se ha realizada sin ningún incidente y menos sin que se aporte alguna prueba nueva que haya generado algún debate adicional, por el contrario, se ha tratado de una ponencia de puro derecho que ha cuestionado el fundamento del Juez que ha dictado la condena, una situación que solo cabe ser merituada por el colegiado.

Sin embargo, quienes estuvieron en la audiencia salieron convencidos que no existe otro derrotero que la confirmatoria de la sentencia en la medida que los cargos esta relacionados con una realidad patética de los chimbotanos, es decir el abandono de las obras regionales por la nefasta maniobra urdida en la gestión de César Álvarez de desviar los recursos de obras en marcha para permitir licitar obras no presupuestadas, de tal suerte que finalmente tanto unas como las otras quedaron paralizadas y finalmente abandonadas.

Los chimbotanos han visto como estas obras se deterioraban en el tiempo, han sido mudos testigos del derroche generado solo por la ambición de licitar obras para quedarse con los diezmos, una insolencia de la corrupción que no puede quedar de ninguna manera impune.

Es este escenario el que jamás podrán revertir los abogados por muy mediáticos o importantes que fueran, las obras abandonadas representan un cuchillo en la espalda de los ancashinos y por ello nada podrá sustentar que en esas maniobras de desvío de recursos no hubo delito, por el contrario, aquellos fueron nauseabundos mecanismos que generaron los forados que finalmente se cargó a la cuenta del erario regional.

Los magistrados deberán tomar en cuentas que a la fecha, es decir, después de cinco o seis años de abandono de las obras, recién se están curando esas heridas y los nuevos gobernantes hacen esfuerzos por retomar los trabajos y concluir los proyectos abandonados por esos artificios dolosos que hoy cuestionamos.

Así como esta sentencia que será revisada el próximo 30 de este mes, la ampliación de la prisión preventiva de Cesar Álvarez en el caso “La Centralita” son mandatos pendientes que deben cumplirse y acatarse, no existe razón alguna para cuestionar una medida que se ha sancionado en la máxima instancia judicial como es la Corte Suprema. Eso esta tan claro como el agua.

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