Si los llamados “Orellanitas” de Chimbote, aquellos que pretendieron levantarse todos los terrenos vacíos que estaban a nombre de la desaparecida Caja del Pescador, utilizaron los procedimientos extrajudiciales como la Conciliación para concretar sus fraudes inmobiliarios, hay quienes aparentemente utilizaron estos mismos procedimientos pero para defraudar las arcas municipales.

Este parece ser el trasfondo de una gravísima denuncia que ya investiga el Ministerio Público del Chimbote relacionada con el cobro de dos millones de soles en un solo día en las dependencias de la Municipalidad Provincial del santa, un pago que difícilmente se puede realizar en un solo día en la administración pública pero que, cuando existen pagos turbios de por medio, es capaz de hacerse realidad.

Los hechos relacionados a esta defraudación fueron revelados la semana pasada por el procurador anticorrupción quien señaló que ya la fiscalía ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar por un extraño y escandaloso pago que se hizo a favor de un consorcio constructor con el cual la Municipalidad mantenía una deuda superior a los 5 millones de soles supuestamente por incumplimientos contractuales.

Lo cierto es que el manejo de esta cartera morosa había decidido cancelarse a través de un acuerdo mediante el cual la Municipalidad transfería unos terrenos de su propiedad a la Caja Municipal y encargaba a esta entidad que los negocie de tal suerte que se haga cargo de cancelar los adeudos que arrastraba con el consorcio Isla Blanca.

Esto fue sancionado mediante un acuerdo de concejo mediante el cual se concretaba la transferencia de la propiedad de los terrenos y se determina los objetivos ya expuestos, empero, cuando todo parecía ya encaminado, se descubrió que la administración edil, por entonces bajo la conducción  de la ex alcaldesa Victoria Espinoza García y bajo la gerencia del suspendido alcalde Julio Cortez Rojas, promovierpon un acuerdo conciliatorio sorpresivo por el cual se cancelaría con recursos propios de la comuna la misma deuda hasta un tope máximo de dos millones de soles.

De acuerdo a los documentos que sustentan la denuncia, el 21 de diciembre del año pasado, es decir, apenas cuatro días antes de la Navidad, la hoy prófuga ex alcaldesa Victoria Espinoza expidió una resolución de alcaldía mediante la cual autorizaba a la procuradora municipal Tatiana Sánchez Chávez Arroyo a que suscriba un acuerdo conciliatorio con el consorcio Isla Blanca para zanjar esa deuda.

El convenio extrajudicial estaba listo ese mismo día y fue firmado por las partes aceptando el pago de los dos millones de soles, ingresó a la Municipalidad el mismo día 21 de diciembre y fue tramitado ante las áreas competentes de la comuna a efectos que emitan el cheque respectivo y se cancele al citado consorcio.

Lo increíble es que las dependencias administrativas de la comuna provincial tramitaron el cheque el mismo día 21 de diciembre y el constructor se fue con el pago antes que se suspendieran las actividades del mismo día 21 de diciembre, todo un récord de velocidad en la administración pública municipal.

Y es que todos saben que las gestiones de pago ante un Municipio toman muchos días, incluso, el solo hecho que cancelen una fuerte suma involucra varios días de tratos y consultas que hacen imposible que se concrete en un solo día, razón por la cual es fácil pensar que en este caso ha existido una escandalosa componenda que no solo tiene que ver con la festinación de trámites en la cancelación en la comuna, sino con la elaboración de la resolución de alcaldía y el acuerdo de conciliación extrajudicial.

A la luz de los documentos es más que evidente que cuando se emite la resolución de alcaldía por parte de la ex alcaldesa ya se ha tenido todos preparado, el documento extrajudicial, las firmas, las autorizaciones y visaciones.

Existe de por medio todo un concierto de voluntades para que el consorcio constructor pueda entrar a la Municipalidad sin un solo documento y salga al final del día con un cheque millonario que así nomás no se cancela a nadie, menos aun cuando se trata de obligaciones pendientes de pago.

Por ello es que la Fiscalía anticorrupción ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar contra los que resulten responsables. Es consciente que detrás de todo esto existe un plan debidamente calculado que tenía como objetivo saltarse la valla de los acuerdos ya sancionados a nivel del Municipio, como aquel que autorizó la transferencia de terrenos a favor de la Caja Municipal para que, con su venta o negociación, se pueda asumir el pago que estaba pendientes con el consorcio acreedor.

Hay que ser demasiado ingenuo como para pensar que los tramites responden a una gestión regular mediante la cual se trataba de aliviar la carga pesada de obligaciones en la Municipalidad Provincial, si es que no existiera nada ilegal los promotores de este pago debieron haber comenzado por dejar sin efecto la transferencia de terrenos y el traslado del pago de la deuda a la Caja Municipal.

Inclusive, teniendo en cuenta la fecha de estos trámites, apenas tres días antes de cerrarse las actividades por las fiestas de fin de año, es presumible pensar que hubo allí manejos ocultos que se beneficiaron con el pago millonario de una deuda que ya estaba encaminada y que no debería generar mayores apremios a la administración.

Será el Ministerio Público el que se encargue de deslindar responsabilidades, hay de por medio recursos públicos que se han destinado a pagos que no solo estaban ya resueltos sino que se han gestionado de una manera sospechosamente impresionante, con actos jurídicos que demoran por los menos un mes y que se han realizado en un solo día, como la expedición de una resolución de alcaldía, la suscripción de un acuerdo conciliatorio y la emisión de cheques en diversas dependencias de la comuna provincial.

Estamos ante un escándalo en ciernes, quien sabe el más grave que se haya detectado en la segunda gestión de la ex alcaldesa Victoria Espinoza, quien deja el cargo estando prófuga al haber sido condenada por otros hechos de corrupción.

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