El presidente de Tribunal Constitucional ha anunciado la semana pasada que el pleno de este organismo ha decidido declarar nula e inconstitucional la Ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, la misma que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, desde este lunes 22.

El anuncio no incluye mayores explicaciones de la decisión cuyos fundamentos se conocerán apenas se publique la resolución, sin embargo, lo que ha anotado el titular de este organismo es que las razones que dieron lugar a esta decisión se sustentan en el hecho que la ley, tal como estaba formulada, era inconstitucional, atentaba contra derechos consagrados por la carta magna como el irrestrictos, tales como la libre contratación y la libertad de información.

Esto se venía venir en la medida que desde que se sancionó la ley se dijo y se repitió que no se podía prohibir de manera absoluta la publicidad de los organismos del estado en medios privados porque se está limitando de manera oscura y sospechosa el derecho de la ciudadanía a conocer lo que estos organismos contratan, licitan, promueven y hasta las campañas que hacen en favor de los sectores más necesitados.

La “Ley Mulder”, como se le conoce en razón que el autor de este atropello fue el congresista aprista Mauricio Mulder, fue tan tiránica y arbitraria que llegaba a calificar como un delito de malversación el que cometía aquel funcionario que autorizaba la publicación en un medio privado, incluso, aquellas hasta de aquellas que pudieran derivarse de una entrevista, un publireportaje o de cualquier tipo siempre que implique un pago que se pacte de por medio.

El propio autor de la ley sustentó públicamente que esta medida se dictaba en la medida que existían poderosas empresas periodísticas que habían copado de manera monopólica los grandes y millonarios contratos de publicidad con Ministerios, reparticiones públicas, municipales o regionales y que ocultaban el verdadero objetivo de quedar bien con aquellos a efectos de merecer o mejorar el trato en las denuncias que ameriten una difusión periodística.

Incluso, se encargaron de difundir contratos realmente leoninos que se pactaban a través de cuadernillos y suplementos, sin embargo, no midieron que esta ley no habría de afectar en mayor volumen a las grandes corporaciones periodísticas que manejan una importante cartera publicitaria en el sector privado que les permitiría sostener una medida tan descabellada como la que contenía la “ley Mulder”.

Quienes se vieron más afectados fueron los medios de comunicación de provincias, aquellos que manejan una cartera publicitaria pequeña pero sostenida de publicidad que deben expedir obligatoriamente los Municipios, los gobiernos regionales y las entidades públicas de derecho privado.

Lo que es más grotesco aun, es que esta “ley mordaza” se concibió únicamente en el resentimiento de ciertos sectores políticos que no midieron el impacto que ella habría de tener. Por ejemplo existen entidades financieras como las Cajas Municipales que necesitaban extender sus promociones y no podían hacerlo, tanto así que una de ellas planteó también una acción legal contra esta norma.

Existieron campañas de las Municipalidades o de empresas mixtas como las empresas de saneamiento que no tuvieron el mismo impacto porque no pudieron difundirlas y eso ha generado un serio perjuicio que alguien debería asumir como responsabilidad absoluta.

Lamentablemente, la escasa proyección del congresistas Mulder y sus colegas del fujimorismo no fue más allá que sancionar en la misma ley la obligatoriedad de las entidades del estado de abrir cuentas en las redes sociales para difundir sus actividades, como si eso fuera garantía suficiente para que cumplan el mismo objetivo que los medios de comunicación masivos. Pensar eso es sencillamente ignorancia supina.

Por ello la decisión del Tribunal Constitucional se veía venir, incluso, en medios políticos se decía que los congresistas que hicieron este “pandemónium” eran conscientes que este sería el derrotero de la norma pero buscaban de alguna manera de perjudicar a sus grandes enemigos, actitud torpe y perniciosa para con el país.

Han transcurrido cuatro meses desde que se prohibió la publicidad estatal en medios privados, el daño ha sido efectivo y evidente, esperemos que el pueblo peruano sepa sancionar a los responsables de este desaguisado cuando en las urnas pretendan pedirles nuevamente su voto en un proceso eleccionario. Esa será la factura que habrá de cobrarles a estos gonfalonieros de la impudicia.

PROTEGER AL CONSUMIDOR

La Fiscalía y la Municipalidad Provincial del Santa se han propuesto inspeccionar la actividad de las empresas dedicadas a la producción de conservas de pescado, al detectarse prácticas indebidas e ilegales que ponen en serio riesgo la salud de las personas.

Una de ellas es la eliminación de la producción que ha sido descartada por alguna falla de fabricación o de aquella que ha vencido y caducado, la misma que debe seguir un determinado protocolo a efectos de garantizar su debida erradicación.

Sin embargo, los malos empresarios han encontrado la fácil manera de eliminar estas conservas que arrojándolas en basurales o en el malecón Grau, como se ha detectado la semana pasada en la zona de La Florida, en donde se encontraron cientos de estas conservas expuestas a la intemperie y con el peligro que alguna persona las recoja.

De la misma manera, personal de la Fiscalía y la Municipalidad de Nuevo Chimbote encontraron un lote de conservas en mal estado en el interior de una fábrica conservera del P. J. Villa María, material que fue incautado y se impuso la multa correspondiente, sin embargo, todo indica que estas empresas no cuentan con sistemas o protocolos de eliminación de sus productos vencidos o desechados, razón por la cual las autoridades deben poner especial atención en este asunto en la medida que de por medio se encuentra la salud y la vida de la población. Hay que tener en cuenta que mucha gente por necesidad se arriesga a consumir las conservas que encuentra abandonadas y ello puede ser fatal.

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