La Policía Nacional capturó el último fin de semana al empresario Tomás Edinson Naucapoma Reyes, el ultimo procesado del caso conocido como “Desratización” que se hallaba como prófugo de la justicia y contra quien la justicia tenía pendiente una contundente condena en uno de los casos más escandalosos de corrupción de los últimos tiempos.

De acuerdo a lo que fue materia de información, el detenido fue ubicado cuando caminaba tranquilamente por la intersección de la avenida Country con Argentina, en la Urbanización Buenos Aires, es decir, casi frente a la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote, como si no estuviera preocupado que existía una requisitoria en su contra.

Esto solo vendría a confirmar que los muchos prófugos de la justicia que vienen siendo perseguidos por mandatos judiciales se ocultan en nuestra ciudad, como el caso de Naucapoma que ya llevaba dos años viviendo en la clandestinidad.

Lo cierto es que este personaje fue gerente del consorcio que se adjudicó la buena pro del proyecto de fumigación y desratización promovido por la sub región pacífico, un invento de funcionarios corruptos que buscaron a empresarios que estaban dispuestos a poner la cara y documentos para montar todo un tinglado cuyo objetivo eran los erarios del gobierno regional

Cobraron nada menos que 3 millones 200 mil soles por no hacer nada sino una pantomima de desratización y fueron descubiertos porque colocaron en las bases que utilizarían un poderoso insecticida que solo era suministrada en el país por una empresa que fue descartada de la licitación y cuyo representante legal no guardó silencio cuando debió denunciar que nadie había adquirido ese insecticida para hacer la desratización en Chimbote.

Entonces ¿cómo lo hicieron los comandos?  Es la interrogante que se hicieron todos en ese momento, los medios de comunicación que denunciaron este hecho y los auditores de la contraloría de la república que, circunstancialmente, habían llegado esos días a la Sub Región para ver otro tema y se toparon con todo un escándalo de proporciones.

Lo demás llegó por su propio peso, la Contralaría evacuó un informe que, debido a la entonces red de corrupción vigente en Ancash, detuvo hasta donde pudo el avance de la denuncia penal, empero, agobiado por las pruebas y por los lapidarios informes de los medios de comunicación, uno de los “empresarios” fumigadores se acogió a la confesión sincera y reveló como se coludieron y “lo utilizaron” para cobrar la millonaria suma de dinero sin haber hecho trabajo alguno.

De la misma manera, dentro de este armazón jugó un rol preponderante Binci López Sánchez, un individuo que se había encargado de mover todos los papeles y de gestionar los pagos, era un operador de los promotores de esta desratización y fue capturado después de más de un año, quien al verse expuesto a una condena por muchos años de carcelería, prefirió acogerse a los beneficios de la ley, como la terminación anticipada, reconociendo sus culpas y la participación de todos los investigados en este proyecto.

Por ello es que la sala penal liquidadora de entonces, hoy segunda sala penal de apelaciones, en setiembre del año 2016 y con todas las pruebas reunidas sobre este caso, condenó a los promotores de este millonario fraude, lo hizo cuando 8 de los acusados habían acudido a la audiencia pensando que la sentencia recién se dictaría una semana después y tendrían tiempo de ponerse a buen recaudo, empero, todo Chimbote vio las imágenes en las que fueron rodeados por la Policía judicial y se los llevaron directo y sin escalas al penal de Cambio Puente.

Penas entre 15 y 4 años de carcelería se impusieron en ese entonces, estaba el ex gerente Luis Arroyo con prisión en lima, Binci López ya había sido condenado y purga carcelería también en el penal de “piedras Gordas”, y los ocho condenados en aquella ocasión fueron Wilmer León Portalatino empresario al que se le impuso también 15 años de prisión efectiva), los funcionarios de la Subregión Pacífico, Luis Andrés Caipo Paredes y Dique Marco Vásquez Anticona, recibieron una pena de 10 años, Miguel Ángel León Estrada, fue sentenciado a 8 años de cárcel, mientras que Santiago Humberto Reyes Asenjo fue condenado a siete años. Extrañamente a este último posteriormente lo Corte Suprema lo eximiría de sanción a través de “una aclaración” de la ejecutoria suprema.

También fueron condenados Yoni Benites Saldaña a 5 años de prisión, Jorge Eduardo Meléndez Iberico a 4 años y el empresario Wilmer Alcántara Huertas, autor de la denuncia del caso, a 3 años de prisión efectiva.

En aquella oportunidad los únicos que quedaron como prófugos fueron Oscar Salgado Olivo, Erodito Salinas Alayo y Tomás Naucapoma Reyes, sin embargo, los dos primeros fueron capturados en mayo del año pasado y condenados a 12 y 10 años de cárcel respectivamente, en fallo que ha quedado ejecutoriado.

De allí que el único que faltaba para cerrar este círculo era Tomas Naucapoma Reyes, quien ha sido capturados dos años después, por ello ha sido enviado al Penal de Cambio Puente en donde será sometido a un breve juicio oral y será condenado para que quede purgando carcelería junto a los demás que pagan con la privación de su libertad los malos manejos que se dieron en la época de corrupción regional.

Decimos que lo condenará porque todo esto forma parte de una cadena de acciones dolosas que se han concatenado para poder concretar el fraude al erario regional, los empresarios se prestaron a este juego sucio y se coludieron con los ex funcionarios, solo de esa manera podría haberse perpetrado el delito, por ello es que todos están ya en Cambio Puente.

Tomas Naucapoma era el último eslabón que nos permitirá cerrar este círculo de corrupción, son 13 acusados que no verán las calles sino hasta que se cumpla la condena ratificada en instancia definitiva, que paguen de esta manera por los malos manejos los contubernios, los derroches que se denunciaron oportunamente y que no tienen por qué quedar en la impunidad.

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