Casi tres años después que la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior del Santa condenara a cinco años de cárcel efectiva al ex consejero regional de la provincia de Casma, José Luis Lomparte Monteza, la Corte Suprema de la República ha confirmado esa pena y ha sellado en definitiva la suerte de un personaje que durante todo este tiempo siguió manteniendo vigente su cargo o condición a pesar de mantenerse como prófugo de la justicia.

José Luis Lomparte Monteza fue alcalde de Casma el año 2008, fecha en la que junto a su entonces gerente municipal, Jesús Rodríguez Aparcana, se coludieron con el consorcio Casma a efectos de direccionar en su favor la obra de reconstrucción del mercadito San Martín por un monto de poco más de tres millones de soles.

Al margen del direccionamiento del proceso de selección, que de por sí ya configura un acto colusorio, lo grave de este proyecto era que la zona donde debería construirse estaba invadida desde hacía muchos años, de tal suerte que cualquier proyecto que se quisiera emprender en ese lugar debería haber previsto primero el desalojo de los invasores y la desocupación del predio.

Empero, el ex alcalde comenzó al revés, aparentemente desde entonces ya le interesaba poco o nada como marche ese proyecto, lo que se buscaba, a la luz de todos los antecedentes, es que se concrete la adjudicación a efectos de cobrar un jugoso diezmo, como ha predominado en los últimos años.

Pero lo que hallaron los Fiscales que investigaron esos hechos es que además de haber direccionado la obra y de haberse adjudicado indebidamente a un consorcio que no cumplía con los requisitos, el alcalde había dispuesto que se le entregue de adelanto casi dos millones de soles a la empresa, supuestamente para que prepare todo lo relacionado al inicio de obra cuando eran conscientes que ello jamás sucedería en la medida que el problema de la invasión se mantenía vigente.

Por ello es que finalizó su gestión, dejó de ser alcalde y el Municipio perdió esa millonaria suma porque finalmente la obra no se ejecutó, se birlaron semejante suma de dinero, por ello es que la justicia fue implacable para juzgar a los responsables.

Incluso, los medios de comunicación  dieron cuenta de todas las mañoserías a las que apeló Lomparte Monteza para impedir que fuera sentenciado, al extremo de internarse en el hospital I de Casma para pretender justificar su inasistencia al juicio oral y procurar quebrar de esa manera el juicio, sin embargo, los magistrados se desplazaron a Casma y realizaron la audiencia en la cama del nosocomio para impedir el quiebre del juicio y para constatar que, en efecto, el acusado no presentaba mayores síntomas de enfermedad, por lo que el juicio continuó.

Lo cierto es que el mes de junio del año 2015, cuando José Luis Lomparte ya ostentaba para entonces el cargo de consejero regional, pues por esas cosas absurdas que tiene la política, fue elegido por sus coterráneos como consejero regional en las elecciones de octubre del 2014, fue condenado por la Sala Penal Liquidadora a cinco años de cárcel, tres años de inhabilitación y el pago de los casi dos millones de soles que entregó a la empresa, por concepto de reparación civil.

En la medida que la sentencia debería ejecutarse, Lomparte Monteza se ocultó, desde la clandestinidad dirigió toda una estrategia para evitar ser retirado del cargo, como que solicitó licencia sin goce de haber y cuando ya no pudo extenderla solicitó su suspensión en la medida que había planteado un  recurso de casación ante la corte suprema de la república y, en tanto que no se había agotado la instancia penal, demandaba que se mantenga su condición de consejero regional.

Imaginamos que esa misma astucia tinterillesca le sirvió para prolongar el fallo decisivo de la Corte Suprema, pues recién después der tres años se ha decidido declarar No Haber Nulidad en la sentencia de la Sala Penal y ha confirmado el fallo que ya debe generar la declaratoria de vacancia a nivel del consejo regional de Ancash.

El caso de José Luis Lomparte es un mal ejemplo de lo que no se debe permitir en el sistema electoral y penal, no es posible que un hombre condenado a una pena de cárcel efectiva mantenga la condición o cargo que ostentaba porque se tiene que esperar el pronunciamiento de la instancia final. La ausencia del representante de Casma generó en su momento algunos inconvenientes en el consejo regional de Ancash, ahora es momento de analizar y evaluar si casos probados como el de Lomparte deben esperar tanto tiempo para que deslinden cargos y coyunturas políticas. Es lo mismo que sucede con  las prohibiciones para postular en un proceso electoral.

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