El Director Regional de Producción de Chimbote, Ingeniero Wilmer López Camacho, se ha sumado la semana pasada a las protestas formuladas por los gremios de pescadores artesanales contra el veto que ha impuesto el organismo nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) prohibiendo que los desembarcaderos artesanales reciban pesca de anchoveta y toda especie que se destine a la comercialización y exportación.

En efecto, la semana pasada los gremios de pescadores levantaron su voz de protesta en la medida que, bajo el pretexto que era una exigencia de la Unión Europea, SANIPES estaba prohibiendo la descarga de los principales productos de la pesca artesanal en los desembarcaderos, lo que implica que miles de trabajadores se quedarán virtualmente sin trabajo.

Lo más grosero y repudiable de esta disposición es que en el mismo comunicado anuncia que solo se podrán realizar estas maniobras de descarga en los muelles de las grandes corporaciones pesqueras, tales como Hayduk, Copeinca, Austral entre otras que, curiosamente, forman parte de la Sociedad Nacional de Pesquería.

Por ello es que el dirigente de los pescadores artesanales, Joaquín Cruz Navarro, no ha vacilado en calificar esta medida como el más vergonzoso sometimiento de la autoridad pesquera a los intereses de la SNP, pues son sus principales asociados los que se benefician con una medida de esta naturaleza.

Llama poderosamente la atención que se apele a restricciones que solo van a perjudicar a los sectores más vulnerables de la actividad pesquera, como por ejemplo los miles de trabajadores que laboran en la actividad pesquera de corte primario, como se conoce a los productos curados, así como a las pequeñas empresas artesanales que compran el recurso en los muelles artesanales y municipales de nuestra jurisdicción.

De ahora en adelante los obligan a desplazarse hasta los vecinos detritos de Coishco y Santa que es donde se ubican los muelles de las poderosas empresas pesqueras, con el alto costo que ello implica.

Se golpea de esta manera al más débil y se engorda los bolsillos de los poderosos barones de la pesca que, evidentemente, cobrarán tarifas altas por el uso de sus instalaciones y ello porque se impone la descarga por esos muelles, atentándose contra la primera y obligatoria norma de la actividad económica como es la libertad de mercado, la libre elección por parte de un consumidor.

Hasta que se expidió esta norma de SANIPES, la descarga de la pesca artesanal se realizaba por los desembarcaderos de Chimbote, Los Chimus, Huarmey y el Muelle Municipal del 27 de octubre, sin embargo, la medida obliga a los productores de productos curados a tener que trasladarse hasta otros lugares con el sobrecosto que ello implica en transporte, uso de puertos, mas operarios, etc.

Lo más grave es que SANIPES se excede en una medida restrictiva sin que previamente se haya notificado a los operadores de la pesca artesanal, incluso, a las direcciones regionales que administran los desembarcaderos artesanales, cuáles eran las normas mínimas que exige la Unión Europea para que se autorice la descarga de pesca en los mismos.

De buenas a primeras admite que los únicos que estarían autorizados a realizar esta descarga serían los muelles de las grandes corporaciones pesqueras, lo que vicia este procedimiento en la medida que, como lo ha manifestado el Director Regional de Pesquería de Chimbote, el desembarcadero artesanal de Chimbote es una instalación que ha sido mejorada recientemente, que cuenta con proyecto de mejoras en ciernes y que estaría en condiciones de poder cumplir los standares internacionales que se exigen para la descarga y maniobra de pesca destinada al consumo popular, por ello han demandado a la autoridad sanitaria pesquera que emita una reconsideración y se verifique previamente cuales son las condiciones que se requiere para la descarga de las especies.

Esto es más preocupante aun si la misma autoridad sanitaria hasta la fecha no había formulado mayores observaciones a la actividad de los desembarcaderos artesanales, por el contrario, cada vez que han formulado observaciones las levantaron en su debido momento y no han sido pasibles de alguna advertencia o sanciones por infracción de esa índole.

Esto ha sido así a pesar que esta misma actividad estaba sujeta a la comercialización y exportación de productos a otros países, ni siquiera en la época del cólera se pusieron tantas trabas y restricciones a la pesca artesanal como se hace ahora, lo que muchos coligen que solo se busca que asfixiar esta actividad o conseguir manejarla de acuerdo a los poderosos intereses de los grandes emporios de la pesca industrial que ahora se dedican también a la actividad de consumo humano.

Hay que analizar detenidamente el efecto de esta medida pues si se tiene en cuenta que los desembarcaderos artesanales, así como el Muelle Municipal tienen como principales rubros de ingresos al uso de sus instalaciones para la descarga y maniobra de las especies de consumo humano, con la decisión de SANIPES están condenados virtualmente a paralizar y dejar de recibir los recursos que sirven para su subsistencia.

Lo que no se puede soslayar es que nadie pretende avalar la falta de previsión en las medidas de higiene más elementales en la descarga y tratamiento de las especies pelágicas, por el contrario, estas supervisiones siempre deben ser bienvenidas y se han demandado de manera permanente, pero que se haga con reglas de juego claras, que se precise cuáles son las condiciones mínimas que requieren los organismos que han vetado los desembarcaderos para que se pueda competir en igualdad de condiciones.

De allí que se justifica la reacción de los gremios artesanales y de la autoridad regional de producción, por lo menos para quienes seguimos el desempeño de la actividad pesquera no nos quepa duda alguna que detrás de esta clase de medidas se encuentran los grandes lobbys que se generan en los más altos niveles de gobierno y que se concretan al margen de los padecimientos o no de las pequeñas empresas artesanales o del desempleo en el que quedarán miles de trabajadores por esta medida. Es evidente que hay un abuso de poder y una repudiable manipulación política que afectará seriamente el trabajo y el sustento de miles de trabajadores.

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