Editorial

El rector de la Universidad Nacional del Santa no parece dispuesto a dar su brazo a torcer en el caso de los terrenos de su propiedad en el denominado centro Civico de Nuevo Chimbote, el mismo que está ocupado por casi dos centenares de comerciantes del Mercado Ferrocarril, quienes abrigan las esperanzas de quedarse en el lugar.

Ello porque después de muchos años ha concluido el juicio que inició la mencionada casa universitaria a la Comuna Provincial del Santa, exigiendo la reivindicación de su propiedad que se encuentra ocupada por comerciantes de un centro de abastos, a los cuales indebida e ilegalmente se les extendió una autorización por parte de la Municipalidad.

En efecto, la Universidad Nacional del Santa vio conculcados sus derechos de propiedad no solo cuando decenas de comerciantes invadieron su predio y establecieron allí un Mercado al que denominaron “Ferrocarril”, en alusión a la antigua infraestructura ferroviaria que pasaba por allí.

Esto ocurrió hace ya muchos años atrás, cuando algunos alcaldes, ganados por el populismo y por la ambición de mantenerse el cargo a través de la entrega de dadivas o ventajas a sectores poblacionales, reconocieron la presencia de los comerciantes en un predio que estaba a nombre de la Universidad Nacional del Santa.

El terreno fue cedido a la universidad en el año 1992, pero en el 2008 la Municipalidad Provincial vendió el predio a los comerciantes del mercado Ferrocarril por 1 millón 200 mil nuevos soles, en un área de 1.500 metros cuadrados que, actualmente, es ocupado por más de 150 puestos comerciales.

Desde entonces se inició una lucha legal en la medida que la Municipalidad desconoció la propiedad de la entidad universitaria en la medida que no había utilizado ese terreno y apeló a una cláusula de reversión mediante la cual se castiga al adjudicatario que no levantaba una edificacion en determinado tiempo.

Sin embargo, la Universidad recurrió a los tribunales y obtuvo un fallo favorable en las tres instancias, se llegó en el litigo hasta la Corte Suprema que después de varios años ha determinado que, en efecto, la propiedad le corresponde a la Universidad y que la Municipalidad no podía desconocer su derecho, por lo tanto se debe entregar el terreno a quien le corresponde.

Sin embargo, como se sabe el terreno ya no está libre, la Municipalidad lo ha dispuesto y los vendió al mercado Ferrocarril, por ello es que el actual alcalde Julio Cortéz Rojas, apremiado por una decisión judicial que no puede cumplir en la medida que el terreno ya no ese encuentra en su poder, ha planteado a la propietaria llegar a un buen acuerdo a efectos de compensarlo por ese terreno.

En otras palabras, el burgomaestre lo que plantea es una permuta., que lejos de devolver los terrenos que ha pasado a propiedad de terceros, le adjudica otro terreno de las mismas dimensiones y con buenas características a efectos que tampoco se vea vulnerado el derecho de los comerciantes que compraron a título de buena fe.

Se supone que esta es la única alternativa pacífica para poder zanjar un problema que dejaron otros alcaldes que no midieron la gravedad de sus decisiones, que no advirtieron que no podían vender un terreno que para ese entonces ya se encontraba en litigio, menos aun si se trataba de una pretensión de legalizar la presencia de comerciantes que ya estaban posesionados indebidamente de los terrenos.

Lo cierto es que hay allí un serio entredicho en la medida que la propietaria, que es la Universidad Nacional del Santa, no tiene la menor intención de hacer una permuta o de aceptar otro terreno, por el contrario, por razones de ubicación y de interés académico quiere que le entreguen su terreno en el centro Cívico de la ciudad y no está dispuesta a negociar nada sobre el asunto.

Esta posición fue revelada los primeros días de la semana pasada por el abogado de la UNS, Nils Infantes Arbildo, quien señaló que no había negociación alguna que ellos tengan que analizar en la medida que existe un acuerdo de consejo universitario que ya ha aprobado un proyecto a ejecutarse en esos predios.

Esto mismo es lo que ha expresado el jueves pasado el rector Sixto Díaz Tello, quien ha sido más crudo y directo al calificar la pretensión del alcalde como un gesto político que solo busca mejorar su imagen, pues considera que ellos no tienen nada que evaluar y analizar en la medida que vienen reclamando los terrenos que le pertenecen y que se ubica en el centro Cívico Comercial de la ciudad.

De allí que en la medida que la Universidad ha agotado todos los medios para esperar de los comerciante la voluntad de salirse por sus propios medios, no le quedará otra cosa que recurrir nuevamente a la justicia y en vía de ejecución de la sentencia que ha sido corroborada en instancia definitiva de la Corte Suprema, solicitar el desalojo por la fuerza de los comerciantes que allí se ubican.

No creemos que la actitud del alcalde responda a una expresión politiquera o electorera que le redunde votos en las calles o de las familias de los comerciantes, por el contrario, hay que advertir que siendo la máxima autoridad de la ciudad se tiene que comer un problema que lo originaron otros y en la medida que los predios que la justicia ha declarado que no le pertenecen a la comuna ya no están en sus manos, lo que busca es la mejor salida.

Se trata de impedir un desalojo violento, más aun cuando los comerciantes también reclaman un derecho, ellos adquirieron de buena fe y convencidos que obraban legalmente en la medida que estaban comprando nada menos que al Municipio, por lo tanto, se debe atender también su posición sobre estos hechos.

De allí que siendo clara esta figura, atendiendo a que los comerciantes del mercado Ferrocarril no pueden verse afectados por una mala decisión de una ex autoridad, lo que se impone es un dialogo a efectos de hallar la mejor solución pero para ello hay quienes deben dejar de la lado la obcecada posición de rechazar de plano cualquier alternativa de solución. Hay que evaluar esta engorrosa situación y definir que es lo que mejor le corresponde a cada una de las partes.

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