Editorial

Cuando estalló el escándalo del desfalco perpetrado en las arcas del distrito Fiscal del Santa, incuso, con la presencia del Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde en Chimbote, se señaló la existencia de muchas evidencias y pruebas que respaldaron la captura y pedido de prisión del principal implicado, el ex administrador Gino Reyes Roggero y de su prófugo co investigado Fernando Sotelo Valenzuela

En aquel entonces, el Fiscal a cargo de estas pesquisas Felipe Elias Silva realizó una pesquisa preliminar en la que llegó a una serie de inmuebles que identificó como empresas fantasmas e incluso llegó a pequeñas empresas cuyos titulares señalaron que ellos jamás facturaron servicios al Ministerio Público, lo que ponía en evidencia la manera como se clonaron facturas y se falsificaron documentos para sustentar egresos de dinero que fueron a parar a ciertos bolsillos en perjuicio del erario de la Fiscalía.

Con esas pruebas el Fiscal formalizó la investigación preparatoria y solicitó al Poder Judicial la prisión preventiva del ex Administrador, medida que fue amparada por el juzgador que señaló 18 meses de prisión para el ex funcionario, así como para su cómplice Fernando Sotelo que se mantiene siempre en la clandestinidad.

Lo cierto es que desde entonces a la fecha es muy poco lo que se ha avanzado en esta pesquisa, hace poco más de una semana la hermana del ex administrador junto a familiares realizó una protesta en el frontis del Ministerio Público acusando una serie de situaciones extrañas en esta pesquisa y demandando que se levante el pedido de prisión en la medida que acusaba que su familiar era inocente.

Al margen de las calificaciones, que le corresponde dictar al Jueza de la causa, el pasado fin de semana el abogado de la defensas técnica del ex administrador de la Fiscalía, Eduardo Montero Cruz, ha puesto en tela de juicio un tema que remarcamos desde un primer instante en este espacio editorial y es el relacionado a la condición de juez y parte que asume la Fiscalía de este distrito Fiscal.

El abogado ha señalado que la Fiscalía está investigando hechos en la cual es la misma agraviada y ha considerado que esta situación resulta contraproducente en la medida que la Fiscalía anticorrupción que tiene en sus manos este caso tiene como coordinadora superior nada menos que a la Fiscal Nancy Moreno Rivera que, como es de dominio público, está siendo investigada por la Fiscalía Suprema de Control Interno por estos mismos hechos.

El abogado ha llegado a plantear una tutela de derechos en la medida que advierte que se estarían vulnerando los principios y derechos a la independencia e imparcialidad y está solicitando a la Sala Penal de Apelaciones que eleve a la Fiscalía Suprema esta carpeta Fiscal a efectos que determine la competencia de los magistrados investigadores.

Ha puesto como precedente un caso penal registrado en la ciudad de Huánuco, en donde el Alcalde de hace algunos años Coco Giles no fue juzgado por los magistrados de esa sede judicial quienes fueron tachados en la medida que las denuncias que se formularon contra el investigado fueron formuladas por el Presidente de la Corte Superior de Huánuco, quien resultaba siendo agraviado de los hechos que eran juzgados, por lo que se dispuso que la pesquisa se haga en la Corte Superior de Pasco.

Y es que el letrado ha reparado que cualquier incidente que se tenga que elevar a una segunda instancia es revisado por las Fiscalía Superior que está a cargo de la investigada Fiscal Superior Nancy Moreno y aun cuando se diga que son los Fiscales Adjuntos los que han asumido estas pesquisas, lo cierto e innegable es que dichos magistrados dependen de ella y eso no debe permitirse.

No se puede dejar de soslayar que nuestro medio de comunicación hizo esta misma precisión cuando desde la Fiscalía de la Nación de dispuso el inicio de una investigación penal contra el Fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe a raíz de las denuncias que se formularon en su contra por presunto lavado de activos, por la sospechosa compra encubierta de un inmueble en la Urbanización “Paseo del Mar”, en la cual utilizó a la madre de su secretaria, así como por cuentas que no fueron justificadas en lo que corresponde a sus ingresos personales.

Todo ello, sustentado en una pericia contable realizada por la misma Fiscalía de la Nación, dio lugar a que se inicie causa penal contra el mencionado magistrado, sin embargo, en la medida que una pesquisa de este nivel no genera un impedimento para que pueda seguir despachando en el mismo cargo desde el cual habría cometido un presunto delito de enriquecimiento, el Fiscal investigado no fue separado y la investigación que se sigue en su contra fue entregada a un superior que es su propio colega y con quien evidentemente, mantiene estrechas relaciones de amistad.

Inicialmente ningún Fiscal Superior, por estas mismas consideraciones, quiso hacerse cargo de la investigación, por ello fue la Fiscalía Suprema de Control Interno quien designó a la Dra. María del Rosario Valencia Pozo, Fiscal Superior Adjunta, quien se haga cargo de la misma, aun cuando debería haber reparado que este caso no puede ser conocido por un magistrado de esta sede fiscal por la falta de independencia e imparcialidad que es manifiesta para todos.

Si la investigación contra el Fiscal Laureano Añanca no ha avanzado, si se le ha dado un sesgo suspicaz, como el hecho de adjudicarlo un plazo de investigación de 36 meses, algo así como aquel que espera que el tiempo curte las heridas y lo cual responde al tratamiento nada transparente que le otorgan los propios amigos y colegas del investigado, algo que no debería admitirse.

El abogado del ex administrador ha puesto el dedo en esa misma llaga, ha descalificado la forma como se está llevando la investigación contra su patrocinadlo y señala que ello responde a una situación que la ley no permite como es la falta de imparcialidad, la presencia de una de las partes que es loa misma que investiga los hechos que denuncia como agraviada y por ello demanda que el caso pase a otro distrito judicial.

Hay allí un pedido preocupante pero que debería evaluarse con extrema cautela, no se pude esperar que al final se diga que no hubo imparcialidad cuando ello debe decidirse mucho antes.

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