Editorial

Durante operativo de fin de semana:

24-abril-locales

Dura sanción contra negocios. En operativo inopinado la noche del último sábado, las autoridades de Chimbote intervinieron en locales y bares nocturno a 12 personas indocumentadas, pero además, a 3 menores de edad, libando licor.

Este hecho, ha generado el inicio de acciones penales y administrativas en contra de los establecimientos que han permitido la presencia de menores de edad y lo que es más grave, el haberles vendido licor para su consumo.

Durante el operativo se inspeccionó los locales conocidos como el “ Kimbara” y la “Sabrosura de Mechita” ambos ubicados en la Av. Perú, Chimbote donde se intervino a 9 indocumentados; asimismo a 3 menores de edad.

Los intervenidos fueron trasladados a la Comisaria de Alto Perú mientras que a los menores por disposición de la Fiscalía de Prevencion del Delito se puso a disposición de la Fiscalía de Familia para las investigaciones correspondientes, además de ello también se intervino a 4 indocumentados más que libaban licor en la vía pública provocando desorden.

El operativo contó con la participación de la Unidad de Seguridad Ciudadana a cargo del Mayor (r) PNP Ronal Gutiérrez Florian; la Segunda Fiscalía de Prevencion del Delito a cargo del Dr. Emilio Llanos Esquivez, así como representantes de la junta vecinal y la Comisaría Alto Perú.

Durante el operativo, se recibió las quejas de los vecinos quienes identificaron a ambos locales, como centros que promueven la violencia y la delincuencia, así como mostraban su expectativa para saber que tipo de acciones se tomarán contra los dueños de los locales que permiten el ingreso de menores de edad.

Alguna vez un abogado nos dijo que las acciones dilatorias a la que acostumbran algunos abogados y por las que quienes tienen poder económico son capaces de pagar para aburrir y desalentar a cualquier acusador, solo constituyen una muerte lenta porque finalmente, aun cuando pase el tiempo, la justicia tendrá que dar su veredicto.

Esto es lo mismo que le ha ocurrido al rector de la Universidad Privada San Pedro, José María Huamán Ruiz, quien el último fin de semana ha sido condenado por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de nuestra ciudad a una pena de tres años de cárcel efectiva al ser hallado responsable del conciliábulo ese de las asesorías fantasmas para esquilmar y defraudar arcas de la Universidad que dirige.

La condena tomó por sorpresa a muchos en la medida que si los abogados de Huamán Ruiz se han caracterizado por algo es por hacer dormir los expedientes y extender las investigaciones a su regalado gusto, tanto así que este proceso penal debe tener casi cinco años desde que se denunció ante el Ministerio Público y desde que el escándalo estalló en la prensa.

Por lo menos los medios de comunicación no olvidamos el impacto que generó las revelaciones que se hicieron basadas en documentos contundentes y categóricos, en confesiones impresionantes y deslindes que a cualquier magistrado lo hubiera llevado a disponer medidas restrictivas en el mismo acto, empero, lejos de ello las pesquisas siempre se empantanaron y el juicio se dilató.

En realidad el rector Huamán no tiene solo este juicio sino que aun arrastra otros dos por lavado de activos y asociación ilícita, en los cuales apeló a la misma estrategia de dilatar las cosas, de plantear excepciones, nulidades y articulaciones con la finalidad de extender las pesquisas, al extremo que muchos hasta se habían olvidado de los procesos.

Sin embargo, el caso de las “asesorías fantasmas” si generó la atención de la opinión pública porque se puso al descubierto un mecanismo ladino de enriquecimiento en una entidad privada y con maniobras muy audaces, al extremo que involucraba a abogados que, con conocimiento pleno de causa, se prestaban a la comisión de un hecho que eran conscientes que se trataba de un delito muy grave.

La Juez ha descrito en su sentencia las imputaciones del Ministerio Público y ha puesto énfasis en la abundancia de pruebas de los delitos investigados, como son los contratos de asesorías, los comprobantes de pago que no eran otros que los recibos por honorarios profesionales, los cheques cobrados por una sola persona en ventanilla del Banco, el levantamiento del secreto bancario que permitió descubrir los movimientos realizados y los testimonios de aquellos que no se prestaron a este festín.

Justamente, una de las abogadas que se vio involucrada se encuentra incursa en el mismo proceso y la Juez ha reservado su caso por no presentarse a la diligencia del fin de semana, aun cuando antes se dijo en el mismo juicio que se encontraba enferma y nadie conoce su real situación.

Nos referimos a la abogada Martha René Alfaro Pérez, una profesional del derecho de la ciudad de Trujillo, casada y separada del abogado Manuel La Chira Chambergo, con quien comparte su estudio de abogados aun cuando ya no la cama conyugal, empero, ella fue quien dio la clarinada de alerta a las autoridades cuando advirtió que no había mantenido relación laboral alguna con la Universidad San Pedro de Chimbote y recusó una notificación que le cursó la SUNAT para que cancele más de 50 mil soles por concepto de retenciones derivadas de supuestos trabajos en la mencionada Universidad.

Fue a través de estos emplazamientos del ente recaudador que la abogada se entera que la Universidad había declarado hasta seis comprobantes de pago de su estudio jurídico por la suma de 560 mil soles por supuestas asesorías brindadas a la Universidad y se vio precisada a denunciar estas maniobras señalando que esos comprobantes fueron sustraídos de su gabinete en Trujillo.

Fue de esta manera que se pudo conocer que el abogado José Rómulo Jacinto Teque, quien fuera asesor y mano derecha del rector Huamán, y quien falleció en un accidente automovilístico hace más de un año atrás, era un asiduo concurrente al estudio jurídico de Manuel La Chira Chambergo, quien laboraba junto al estudio de su ex mujer Martha Alfaro y ambos habrían sido los autores de la sustracción de los documentos.

Pero esa solo fue la punta del iceberg, para entonces ya se conocía que no se trataba de una sola asesoría fantasma, hubieron muchas otras y poco a poco se fueron identificados a los abogados que se prestaron a este juego sucio y delincuencial de girar recibos de honorarios por asesorías inexistentes o no realizadas con la única finalidad de obtener un beneficio económico pues los autores del fraude se quedaban con la mayor parte del dinero y les interesaba un comino el perjuicio a la Universidad.

Hace mucho tiempo se esclareció todo este manejo doloso de las cuentas de la Universidad San Pedro, los egresados de esta casa universitaria y el Sindicato de docentes fueron implacables fiscalizadores en estos temas, demandaron en todas las instancias que se investiguen estos hechos y denunciaron que se archiven algunos delitos como se vino haciendo en estos años, finalmente, la justicia les ha dado la razón al establecer no solo la comisión de los delitos sino al fijar una pena efectiva que responde a la dimensión de los graves hecho delictivos que se han perpetrado.

Seguramente que tras la lectura del integro de la sentencia, lo que ocurrirá el próximo 4 de mayo, los sentenciados plantearán recurso de apelación y será la Sala Penal de Apelaciones quien revisará esta sentencia, empero, como suele ocurrir en este nivel los abogados son conscientes que se juegan una verdadera ruleta porque cuando las pruebas existen y respaldan la decisión del Juez de primera instancia, suelen elevar las penas a quienes impugna a sabiendas que no les asiste la razón. Veremos qué es lo que sucede más adelante, son embargo, el fallo que ha dejado al rector de la U. San Pedro en la clandestinidad es solo producto de esa muerte lenta de la que hablan los abogados.

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