DOBLE INFRACCIÓN

Editorial

El procurador anticorrupción Richard Asmat Urcia ha informado la semana pasada a los medios de comunicación que ha presentado formalmente cargos incriminatorios contra el alcalde del distrito de Pallasca, Nicolás Risco Orbegoso y contra su gerente Municipal Brayan Díaz Velarde por delito de Cohecho.

La denuncia se ha formalizado luego que el efectivo policial de la Comisaria de ese distrito, Sub Oficial Edward Barreto Méndez, se ratificara por escrito de la denuncia verbal que hizo llegar unas semanas atrás al mismo procurador anticorrupción y se anexó el papel con un manuscrito de datos que le hicieron entrega los acusados funcionarios ediles.

Los hechos están relacionados con un intento de soborno que pretendieron hacer el alcalde y gerente municipal del distrito de Pallasca a efectos de persuadir, mediante un acto de corrupción, al efectivo policial a efectos que elabore una denuncia falsa.

Los denunciados pretendían que el custodio, en abierta violación a sus funciones, inserte en el libro de denuncias de la mencionada Comisaría una relacionada con un supuesto robo el cuaderno de obra correspondiente a un proyecto que ejecutó ese municipio hace tres años atrás, documento con el cual pretendían desvirtuar cargos en su contra.

Lo grave y delicado es que los funcionarios no solo pretendían falsear la verdad con una denuncia falaz, sino que pretendieron que el agente policial consigne que la denuncia se hizo el año 2014, para lo cual estaban dispuestos a pagar lo que resulte necesario.

Inclusive, muy seguro de lo que estaban haciendo, los denunciados entregaron al efectivo policial un papel escrito de puño y letra en el que consignaban todos los datos que necesitaban se inserten en la denuncia falsa, información relacionada no solo nombres e identidades de quienes la formulaban sino del proyecto relacionado al cuaderno de obra.

Obviamente, frente a una pretensión tan audaz e insolente, el efectivo policial no solo no accedió a estas insinuaciones delincuenciales que, afirma, le hicieron ambas autoridades ediles, por el contrario, se dirigió a la Procuraduría anticorrupción y cumpliendo con su deber como ciudadano y como Policía, procedió a denunciar   a los coimeros con las evidencias que tenía en su poder.

En realidad se trata de cargos delictivos sumamente graves y delicados, acciones delictivas que la ley sanciona con penas severas, que se agravan y califican cuando el agente delictivo es un funcionario público, por lo que el Ministerio Público tiene en sus manos un caso que puede derivar en acciones restrictivas inevitables.

Sin embargo, se trata de un típico delito de cohecho que no está estrechamente relacionado con otros cargos delictivos que enfrenta el mismo alcalde Nicolás Risco, como es el relacionado con los que contiene una carpeta fiscal en el que es investigado por irregularidades que se detectaron en la ejecución de construcción del sistema de agua potable del caserío de Llaymucha que ejecutó la gestión del burgomaestre.

Ocurre que en esa carpeta fiscal, ante los cargos relacionados con el pago íntegro del proyecto a pesar que no fue terminado, la procuraduría ha solicitado como elemento de prueba la exhibición del cuaderno de obra, que es el documento en donde se consigna los avances de la obra y las incidencias registradas en ella.

Si los cargos relacionados con una obra inconclusa, como lo denunciaron los pobladores, eran ciertos ello debería registrarse en el cuaderno de obra, empero, el alcalde como el gerente municipal alegaron que ese documento se había perdido y no estaba en su poder.

De esta manera buscaban desvirtuar un elemento probatorio y eliminar la posibilidad que fueran descubiertos en través irregularidades que los podrían poner en serios aprietos ante la justicia, eran conscientes que con ese documento terminarían tras las rejas.

Por ello es que salieron con la coartada de la pérdida del cuaderno, sin embargo, se trata de una salida que es falsa, el cuaderno de obra nunca se perdió sino que fueron los propios funcionarios los que se encargaron de desaparecerlo, razón por la cual se vieron precisados a formular una falsa denuncia con la finalidad de corroborar ese hecho.

Si es que ellos no acreditaban con la denuncia formulada en su oportunidad que el libro se había extraviado difícilmente podrían salir de las acusaciones que ya se encontraban en la carpeta fiscal que investiga la colusión en la ejecución de la obra, por ello pensaron que corrompiendo a un efectivo policial conseguirían ese documento y pasarían piola ante la investigación del Ministerio Público.

Lamentablemente para ellos se hallaron con un efectivo policial que no cae en esta clase de componendas, con un agente que rechaza a esa caterva delincuencial que suele actuar al margen de la ley y corromper a los funcionarios públicos para consagrar la impunidad, pues si los funcionarios ediles han procedido de esta manera quiere decir que antes deben haber hecho lo mismo, más aun cuando el propio Procurador ha dado a conocer que el denunciado alcalde tiene varias denuncias pendientes.

Hay que tener en cuenta que los denunciados saben con hacer frente a esta clase de cargos, por ejemplo, la semana pasada circuló a través de ciertas paginas virtuales de información que el jefe de la división policial habría desmentido esta denuncia, cuando ello no es cierto pues el procurador afirma haberse entrevistado con el alto oficial y tomó conocimiento que estaba al tanto de la valiente ratificación de cargos por parte del agente de la comisaría de Pallasca.

De allí que urge que el Ministerio Público profundice las pesquisas, que disponga las actuaciones probatorias que se requieren a efectos de establecer el grado de responsabilidad que alcanza a los denunciados, pues en caso ratifique los cargos son inevitables las medidas restrictivas tratándose de funcionarios públicos.

Esto es más cierto aun si se tiene en cuenta que con esta denuncia se percibe que existe de por medio una doble infracción penal, una que corresponde al intento de soborno en si mismo y otra que se deriva de un intento de encubrimiento al pretenderse perturbar la actividad probatoria de la investigación a la obra de Llaymucha, lo que quiere decir que estaremos ante un concurso de delitos. Que la justicia haga su trabajo.

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