ALCALDES PRÓFUGOS

Editorial

Hasta la semana pasada habíamos contabilizado más de una decena de autoridades diversas que cuentan con orden de captura e internamiento en el penal de Cambio Puente como consecuencia de sentencias condenatorias y órdenes de prisión preventiva dictadas por las autoridades judiciales que los procesan.

Sin embargo, a esta lista se han sumado la semana pasada otros tres burgomaestres, dos de ellos con sentencia de pena efectiva y orden de internamiento en el penal y el otro con un fallo que dispone la suspensión de la ejecución de una pena efectiva, es decir, que lo deja con un pie y medio en la cárcel.

El primer caso corresponde al alcalde de Buenavista, Tomás Polo Agape, una autoridad edil en funciones hasta la semana pasada a quien la justicia dictó los lineamientos de sentencia en el proceso penal que se le siguió por delito de colusión en la ejecución de una obra de mantenimiento que fue escandalosamente sobrevalorizada.

Se trata de la obra de mantenimiento del Puente de Huanchuy, jurisdicción de la vecina provincia de Casma, en donde se detectó los malos manejos de los recursos en la medida que el burgomaestre se coludió con un empresario para sobrevalorar los trabajos que se hicieron en ese lugar y los cuales fueron denunciados por los propios funcionarios ediles.

Como consecuencia de ello y luego de haber actuado una serie de pruebas como testimonios, pericias y confrontaciones, el Juez Penal Unipersonal Efer Díaz Uriarte decidió condenar a cuatro años con seis meses de prisión efectiva al burgomaestre y en la medida que no se hizo presente a la mencionada diligencia, dispuso su inmediata captura.

En realidad esta sentencia se caía de madura en razón que la prensa dio cuenta oportunamente no solo de los testimonios y confrontaciones de ex empleados que contradijeron las coartadas del burgomaestre sino que el propio empresario que era su co-investigados y el ex gerente municipal de su gestión se acogieron a la terminación anticipada y reconocieron que hubo una sobrevalorización en los trabajos, razón por la cual fueron sentenciados a penas condicionales.

Empero, el alcalde se mantuvo en sus trece, no reconoció delito alguno y teniendo en cuenta el peso de las pruebas al juez no le quedó sino condenarlo a una pena efectiva, medida que seguramente ha sido apelada por la defensa técnica y deberá ser revisada por la Sala Penal, por lo que se estima que hasta entonces el burgomaestre se mantendrá oculto y la alcaldía deberá ser asumida por el primer regidor.

El otro alcalde que ha sido condenado a una pena efectiva de cárcel es el ex burgomaestre del distrito de San Marcos, jurisdicción de la provincia de Huari, Julio Máximo Blas Rimac, quien ha sido hallado responsable de la sustracción de más de 76 mil, soles de la caja de la Municipalidad cuando aprestaba a darse a la fuga junto a otros funcionarios.

Ocurre que este ex alcalde había sido ya vacado, contaba para entonces con otras graves denuncias y no quiso dejar el cargo sino llevándose una fuerte suma de dinero, exigiendo la entrega de lo que en ese momento existía en Caja.

Este alcalde es el mismo que ya estaba con orden de captura como consecuencia de una denuncia que se le formuló en su momento cuando fue intervenido en un convoy de camionetas a la salida de Huaraz con un sobre que tenía casi 40 mil soles en efectivo.

Por la forma como se registró la intervención, no había lugar a dudas que el ex alcalde salía de una negociación en la que le pagaron un diezmo de esa cantidad de dinero, por ello es que estaba escoltado por otras camionetas que consiguieron darse a la fuga y en donde, aparentemente, se encontraban los empresarios que habían sobornado a la ex autoridad edil. Lo curioso es que luego de esa intervención el Fiscal dispuso liberar al ex alcalde, solo el escándalo y la apelación del procurador público permitió que se revierta esa medida y se dictó en su contra una orden de prisión preventiva que ha escamoteado al mantenerse como prófugo de la justicia.

Ahora el Juzgado supraprovincial lo ha condenado a 9 años de pena efectiva, por lo que su situación legal se torna mucho más complicada.

Finalmente, el ultimo lunes ha sido condenado el ex alcalde del distrito de Bambas, jurisdicción de la provincia de Pallasca, a quien el Juzgado penal Suprarpovincial ha impuesto ocho años de pena efectiva al hallarlo responsable del delito de Peculado luego de haberse demostrado que dispuso la cancelación de una serie de obras que resultaron ser “fantasmas”, se pagaron pero nunca se hicieron.

En este caso la justicia ha ordenado que el internamiento en el penal del mencionado alcalde se suspenda hasta que la instancia superior revise el recurso de apelación que planteará su defensa, por lo que su condición jurídica ha quedado en el limbo.

Curiosamente, otro ex alcalde de este mismo distrito, Carlos Rodríguez Sánchez, había sido condenado a 12 años de pena efectiva el pasado mes de Junio, lo que quiere decir que en este Municipio los alcaldes no llegan con la intención de servir sino de llenarse los bolsillos por la forma como son condenados por la justicia.

Es realmente preocupante lo que sucede con las ex autoridades ediles, los procesos penales que se inician en contra de ellos ponen de manifiesto que no tienen la menor intención de hacer un trabajo en favor de los pobladores que lo ungieron como tal en las urnas, sino que solo están al acecho de hallar la oportunidad de llevarse dinero sucio al bolsillo en la ejecución de las obras.

Ya la lista es demasiado larga, a pesar que no ha terminado, hay otros alcaldes en serios aprietos, como el alcalde distrital de Pallasca que ha sido recientemente acusado por efectivos policiales de pretender sobornarlos para que se admita una denuncia con fechas pasadas, maniobra que pretendía ocultar los presuntos delitos que ha cometido en el ejercicio de su función y que se vienen investigando en el Ministerio Público.

No sabemos hasta donde llegaremos a este ritmo, cuantos otros alcaldes terminarán en la clandestinidad, en una clínica o tras las rejas, lo cierto es que tenemos más alcaldes prófugos y la maquinaria judicial amenaza con enviar a muchos otros al presidio. Infortunadamente ese es el costo del accionare delictivo de aquellos.

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