Editorial: ::: ZOZOBRA UNIVERSITARIA :::

Editorial

El rector de la Universidad privada San Pedro, José María Huamán Ruiz, parece llegar al final de su mandato y de su azarosa trayectoria en el cargo al cual se entornilló a lo largo de muchos años y en el que siempre halló la manera de quedarse al frente del mismo.

Ocurre que desde hace mucho tiempo el controvertido representante de la Universidad San Pedro siempre encontró la manera de estar al frente de esta casa universitaria, inclusive, contra la voluntad de docentes, estudiantes y hasta de las autoridades judiciales, muchos de cuyos fallos judiciales ni siquiera ha respetado.

Sin embargo, a pesar de esta fuerte oposición que se ha mantenido sobre su figura, encontró la manera que las bataholas que se levantaban en su contra fueran controladas y se supere la tormenta para seguir al frente de la máxima representación de la Universidad.

No podemos olvidar las denuncias penales, las acusaciones de docentes despedidos, las resoluciones judiciales de reincorporación que no se respetaban, la huida a último momento de una orden de captura durante una ceremonia pública, los pedidos de prisión en audiencias públicas y hasta un proceso eleccionario que fue calificado como fraudulento y por el cual hasta la fecha es investigado por la justicia.

Lo cierto es que José María Huamán ha hecho hasta lo imposible por mantenerse firme en el rectorado y para ello fue tapando un hueco tras otro, aun cuando los forados se mantuvieron siempre allí, a la espera de recibirlo algún día.

Este día parece haber llegado, la condena impuesta por la justicia por el caso de las “asesorías fantasmas” se constituye con el mas infranqueable obstáculo a los objetivos de la permanencia del rector y su definitivo cancerbero en este afán de permanecer al frente de la Universidad, pues se trata de una causal de vacancia que la Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria (SUNEDU) ya ha calificado y se mantiene absorta de lo que pueda dictar o no la Corte Suprema en el recurso de casación que ha planteado el rector contra el mismo fallo condenatorio.

Esto ha motivado que, en vía administrativa, se cierren las puertas a Huamán para poder desempeñarse como rector de la U. San Pedro y firmar los grados y títulos que ofrece esta casa universitaria, de tal suerte que los estudiantes se encuentran desconcertados, hay un importante número de egresados que se haya en incertidumbre porque requiere contar con su título profesional y nadie está dispuesto a esperar que el rector “cure sus heridas” como ha sabido hacerlo hasta la fecha, en base a amistades, influencias y resoluciones sorpresivas.

Tampoco el Ministerio Público está dispuesto a esperar una vez más a Huamán a que deslinde su problema judicial en la Corte Suprema, pues entiende que la sentencia que se ha dictado en su contra en doble instancia es mérito suficiente para que ella tenga que ejecutarse y en la medida que el rector y sus co sentenciados no lo están haciendo está dispuesto a ejecutar los apercibimientos que le confiere la ley.

Esto ha transcendido el último fin de semana cuando se ha conocido que los representantes del Frente de Defensa de la mencionada casa universitaria, especialmente los docentes y egresados, estuvieron demandando al Fiscal Provincial que solicite al Juzgado de ejecución que haga efectiva la condena en la medida que no se estaba cumpliendo con las normas de conducta establecidas en la sentencia condenatoria.

Esto ha debido ser verificado a través de una queja formulada contra el Fiscal Manuel Arroyo Ramírez, quien por orden superior ha constatado que, en efecto, los sentenciados no están cumpliendo con lo que determina el fallo condenatorio, esto es la apertura de sus tarjetas de control de asistencia mensualmente y el pago de la reparación civil así como la devolución del monto que se apoderaron a través de las mentadas “asesorías fantasmas”.

Todo esto está detallado en la sentencia final, en donde se ha establecido no solo cuanto es lo que se tiene que pagar por reparación y devolución del dinero a la Universidad, sino la modalidad y el tiempo en el que deben hacerlo, de tal suerte que los 500 mil soles de reparación civil tendrán que dividirlo en partes iguales y el monto a resarcir será un pago de 321 mil soles mensuales hasta por un año.

Existiendo estas cifras, el Ministerio Publico ha verificado que, en efecto, hasta el momento no se ha depositado suma de dinero alguno, por lo que se ha configurado el incumplimiento de las normas de conducta y por ello se está demandando que el Juzgado competente disponga la revocatoria de la condicionalidad de la pena por una pena efectiva a efectos que se cumpla como ya está ordenado.

Inclusive, la Juez de la causa, Gabriela Saavedra de la Cruz, ha señalado que el 13 de noviembre próximo se revise en audiencia pública este pedido, será en esta diligencia en la que las partes fundamentarán lo que estimen conveniente y será en esa ocasión en la que la justicia determine, de una buena vez., si es que el recurso de casación que ha planteado el rector, puede constituir una suerte de mecanismo protector frente a lo que ya se ha decidido en doble instancia en la Corte del Santa.

Si a esto se suma el hecho que la SUNEDU ya no reconoce a José María Huamán como rector y solo responderá a los documentos que firme como tal el vice rector Gilmer Díaz Tello, ello quiere decir que las cosas están consumadas y lo mejor y más factible para la Universidad será que aquí Huamán no siga siendo una piedra en el zapato en el desarrollo de la actividades académicas de la Universidad que son su razón de ser.

Que la justicia haga su papel pero que lo haga bien, que no deje piezas sueltas que permitan que los involucrados sigan sujetándose de ellas para mantenerse en los cargos pues en Chimbote ya estamos cansados de estos “dimes y diretes” en el que, a la larga, los más perjudicados son los estudiantes que ven interrumpidos sus ciclos académicos o no pueden tramitar sus documentos como corresponde.

Lo que se vislumbra es la zozobra universitaria de una autoridad que ya ha caído en desgracia. José María Huamán no solo ha sido condenado por el caso de las asesorías fantasmas, se encuentra incurso en otros dos juicios complicados por lavado de activos y falsificación de documentos para mantenerse en el cargo. Eso ya lo descalifica para seguir pensando mantenerse al frente de la primera universidad privada de la ciudad.

Facebook Oficial

Facebook Oficial