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Política

ARCHIVADA

La denuncia que presentó el abogado Luis Arroyo Guevara, ex patrocinador de César Álvarez Aguilar, en contra de la perito del Ministerio Público Margarita Lavandera Gonzales fue definitivamente archivada por disposición del Juez Luis Pérez Granados y con la conformidad del Fiscal Paulino Aliaga, por ende, este caso ha quedado cerrado. No podía ser de otra manera pues es evidente que en un ánimo de represalia el letrado denunció a la perito porque su informe ha sido clave y fundamental para que pueda ser condenado a cinco años de prisión efectiva y que, como consecuencia de ese fallo, se encuentre en este momento como prófugo de la justicia. La perito de la Fiscalía revisó la información contable que presentó el abogado y que recogió de las entidades públicas con las cuales se pudo establecer que existió un desbalance patrimonial del orden de los 380 mil nuevos soles, hallándose diferencias los ingresos y gastos de Arroyo Guevara por 45 mil soles, así como depósitos de orígenes desconocidos en una cuenta en el Banco Continental por 113 mil soles y la adquisición de 4 vehículos por un monto de 224 mil soles. Por estos hechos la justicia condenó al abogado el anteaño pasado, en el mes de noviembre, a cinco años de prisión efectiva y el pago de 85 mil soles de reparación civil, al margen de la devolución de los 380 mil soles de su desbalance patrimonial. Esa sentencia fue apelada y se dictó con suspensión de la ejecución de la pena hasta que fuera revisada por la Sala Penal de Apelaciones, lo que ocurrió a fines del año pasado, en el mes de noviembre, fecha desde la cual el letrado se encuentra en condición de prófugo de la justicia. Inclusive, el Ministerio del Interior ha considerado a Luis Arroyo Guevara en la lista de los delincuentes más buscados del país y por ello ha establecido una recompensa de 20 mil soles a quienes proporcionen su ubicación que procure su captura. Por estas razones, la denuncia antojadiza que presentó contra la perito de la Fiscalía ha quedado definitivamente archivada sin que nadie haya apelado la decisión del Juez.

FALSEDAD

Quien se encuentra en serios problemas es el alcalde del distrito de Pallasca Nicolás Risco Orbegoso, quien ha sido denunciado por el procurador anticorrupción por delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documento y falsa declaración en procedimiento administrativo. Lo que sucede es que tras revisarse la hoja de vida del entonces candidato se había insertado en el rubro de información académica que estudió enfermería en un Instituto Superior de la ciudad de Trujillo, sin embargo, al requerirse información al mencionado Instituto respondieron que no lo conocen “ni en pela de perros”, en otras palabras nunca estudió la carrera en esa institución. Este caso es similar al que ha enfrentado el suspendido gobernador regional Enrique Vargas Barrenechea, quien por esa mala actitud de sorprender al electorado ha recibido nada menos que cinco años de prisión efectiva, así que el alcalde de Pallasca podría enfrentar una sanción similar. Hay que tener en cuenta que éste funcionario edil ha respondido que es cierto que no ha estudiado enfermería pero que no ha sido él quien insertó la información equivocada sino el personero de su agrupación. Bueno, habría que recordarle a los funcionarios que la declaración jurada u hoja de vida es un documento personalísimo, lleva la firma del declarante y su contenido es de su absoluta responsabilidad y no de un tercero. Así que habrá que ver cómo le va en la investigación porque ya está señalado que esta clase de delitos es grave y son sancionados con penas acumulativas. Huummm….

ACIERTO

Ya era tiempo que la Municipalidad Provincial del Santa ponga la mano en los talleres de mecánica que prácticamente han invadido la calle, colocan sus máquinas en el frontis de sus locales y muchas veces los vehículos que reparan no dejan ni transitar a las personas, con el agravante que después de la actividad que realizan dejan la vía pública embarrada de aceites, gasolina, petróleo y todo cuando utilizan en su actividad. Un taller debe contar con un local propio y la Municipalidad no debe permitir que estas personas sigan invadiendo la calle bajo el pretexto que necesitan trabajar, con ese argumento todo el mundo saldrá a la vía pública. Lo mismo debe hacer con las ferreterías del jirón Manuel Ruiz que dejan su material en medio de pistas y veredas y en Elías Aguirre colocan inmensas torres de cajas de cartón y madera perjudicando a los vecinos y transeúntes. Ojalá que erradiquen a los invasores y no se limiten a poner multas.

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