UNA NUEVA ETAPA

Editorial

Luego de superar las contingencias de un repentino internamiento del ex administrador de la Fiscalía, Gino Reyes Roggero en una clínica privada, finalmente la Corte del Santa, por intermedio del juez Eudosio Escalante Arroyo, determinó el encarcelamiento del mencionado funcionario así como de su co investigado Fernando Sotelo Valenzuela, quien se desempeñaba como Jefe de la Oficina de manejos de fondos en efectivo del distrito Fiscal del Santa.

El magistrado aceptó los fundamentados pedidos del Fiscal Felipe Elías Silva para que se dicte contra los dos empleados del Ministerio Público prisión preventiva por espacio de 18 meses luego de hallar los indicios probatorios suficientes que los vinculan a un escandaloso desfalco registrado en las cuentas de la citada entidad.

De esta manera, se ha establecido la condición jurídica de los dos investigados y se inicia la investigación preparatoria que permitirá al representante del Ministerio Público consolidar las pruebas que ha podido reunir en la fase de investigación preliminar que, a ojo de buen cubero, son bastantes y muy sólidas.

Sin embargo, si bien es cierto se ha podido establecer que ciertamente ha existido un descarado aprovechamiento de los recursos del Ministerio Público, con una serie de actuaciones propias de gente mafiosa y delincuente, también es cierto que existe mucho camino por recorrer en la medida que existe aún la necesidad de establecer si existen más responsables metidos en este embrollo.

Y es que deja una marcada incertidumbre que se sostenga hasta el momento que todo este tinglado armado en el área administrativa de la Fiscalía haya podido ser perpetrado solo por dos personas, que no exista más implicados en este tema cuando todo nos hace pensar que aquí se estableció toda una gavilla que ha metido las uñas en los dineros destinados al mantenimiento y programas del Ministerio Público.

Uno de los que sostiene esta tesis de la existencia de más involucrados es el Procurador anticorrupción Richard Asmat Urcia, quien ha adelantado que solicitará en esta fase de investigación preparatoria que se comprendan a dos personas más que, a su criterio, ya deberían haber sido citadas y comprendidas como investigados.

Uno de ellos es el individuo identificado como  German Luján, quien a decir del proveedor Segundo Andonaire Orbegoso es una de las personas que lo buscaba para recoger las facturas en blanco que le vendía al ex administrador de la Fiscalía, esos documentos que les permitía a los mafiosos sustentar gastos fantasmas ante la gerencia central de Lima, de tal suerte que se quedaban con el dinero y hacían pasar servicios que jamás se prestaron en la sede del Santa.

De la misma manera, considera el Procurador que debe estar comprendido el Contador del Ministerio Público que tuvo a su cargo esta área en las fechas en que se registraron los pagos ilícitos mediante comprobantes fraudulentos, pues señala que se trata de un funcionario cuya labor era, precisamente, la de supervisar y revisar todo el acervo documentario que llegaba a la institución y quien debería verificar que se presten los servicios tal y como se establecía en los documentos de pago.

No le falta razón al defensor del estado cuando hace estas precisiones en la medida que, por lo menos, en el caso de Lujan  hay un señalamiento directo del proveedor que también está comprendido como investigado en este caso y quien tiene mandato de comparecencia en este proceso.

Si el proveedor está señalando que a su empresa llegaba un individuo en nombre del ex administrador para llevar las facturas en blanco, es evidente que existe una sospecha sobre este individuo que estaba al tanto de los malos manejos que se venían dando en la sede de ña Fiscalía.

Por ello compartimos la idea de quienes, desde un  primer momento, pusieron reparos en la sindicación únicamente a tres personas en todo este tinglado defraudador, quienes señalaban que aquí existe todo un concierto de voluntades, funcionarios que no solo compartieron los manejos oscuros del detenido Gino Reyes Roggero, sino que se hicieron de la vista gorda, no dijeron absolutamente nada y ello solo se explica porque compartían de alguna manera los dineros mal habidos.

Ya en una oportunidad ha sido el procurador anticorrupción Richard Asmat quien solicitó que se comprenda como investigada a la entonces Presidenta de la Junta de Fiscales, Dra. Nancy Moreno Rivera, y su pedido fue acogido por la Fiscalía Suprema de Control Interno quien decidió iniciar una investigación preliminar contra aquella y seguramente en las próximas semanas debe estar tomando una decisión para encausar o no a la ex titular del Ministerio Público del Santa.

Es evidente que el Fiscal a cargo de la investigación, Felipe Elías Silva, viene haciendo bien las cosas hasta el momento, su trabajo ha permitido que se ponga el guante sobre la cabeza del ex administrador Gino Reyes, quien está recluido en una clínica particular por el momento, y sobre el ex responsable de la caja chica de la Fiscalía Fernando Sotelo Valenzuela, quien se encuentra como prófugo de la justicia, empero, ahora habría que pedirle que abra mucho mas el abanico de posibilidades en su teoría del caso.

Para ello solo basta partir sobre la premisa que es materialmente imposible que el ex administrador y el ex responsable de Caja Chica de la Fiscalia pudieron haber montado solos este aparato fraudulento en la Fiscalía, ha sido necesaria la intervención de otros empleados y muchos tienen que haber conocido con antelación las trapacerías de este individuo.

El solo hecho que Gino Reyes se mantuviera en la institución después que estallara el escándalo, el solo hecho que permanezca impasible mientras el Fiscal verificaba que se habían clonado facturas y pagado servicios fantasmas, nos hace presumir que estaba convencido que alguien los protegería en este entuerto.

No sabemos si esas son las mismas sospechas del Fiscal de la causa, sin embargo, ahora que se inicia una nueva etapa sería pertinente que evalúe detenidamente la necesidad de involucrar a quienes estaban en la obligación de fiscalizar e impedir que se perpetre un escandaloso desfalco en las cuentas de la institución.

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