Editorial: ::: MENSAJE JUDICIAL :::

Editorial

Una condena de cuatro años de prisión efectiva, cuya ejecución se ha suspendido hasta que fuera revisada por la instancia superior, es la sanción que ha recibido el alcalde provincial provisional Julio Cortéz Rojas en el juicio que se le sigue por delito de malversación de fondos en agravio del estado.

Junto a Cortez ha sido también condenada su antecesora, la fugitiva ex alcaldesa Victoria Espinoza García a quien el Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal le impuso cuatro años de pena efectiva y con orden de internamiento en el Penal de Cambio Puente cuando fuera capturada.

Además de ellos han sido condenados el actual funcionario de la comuna Provincial, Elmer Martin Llontop Virhuez y la ex funcionaria Gabriela Vargas Alcántara, quienes han recibido la misma pena de cuatro años de carcelería pero cuya ejecución se ha suspendido a condición que cumplan ciertas reglas de conducta, además que deberán pagar 500 mil soles por concepto de reparación civil.

Todos ellos han sido hallados responsables del ilegal desvío de una millonaria suma de dinero que fue destinada por el Ministerio de Vivienda para la ejecución de obras de saneamiento a efectos de financiar otras obras de urbanismo, entre las cuales en el curso de la última audiencia se mencionó la ejecución de aulas, un parque, entre otras.

La sentencia ha generado la reacción del condenado alcalde quien ha calificado con una serie de adjetivos la labor del juez y pretende acusar a los medios de comunicación de su delicada situación jurídica como si ellos se encargaran de administrar justicia, algo tan absurdo como injusto de su parte.

Lo cierto es que la sentencia se ha dictado en términos generales, al concluir las audiencias en las que se debatieron los medios probatorios y se escucharon  los alegatos de las partes, el magistrado ha señalado que está plena y fehacientemente demostrado que ha existido un doloso desvío de fondos que fueron destinados mediante una resolución ministerial por el Ministerio de Vivienda única y exclusivamente para obras de saneamiento.

Precisamente, los propios investigados y la documentación demuestra que no se respetó la voluntad del ente financiador de los trabajos, se burlaron los controles de la propia entidad municipal y se trasfirieron los recursos para financiar otras obras que deberían  tener su propio presupuesto, con el pretexto que luego serían devueltos al pliego del cual fueron retirados.

Inclusive, la defensa técnica de los investigados trató por todos los medios que se solicitara al Ministerio de Vivienda un informe relacionado a la liquidación de las obras, buscaba que demostrar que las obras concluyeron de manera exitosa y están al servicio de la población, cuando ello no es materia de los cargos incriminatorios que formuló el Ministerio Público.

Los propios testigos de descargo se preocuparon en señalar que no existe cuestionamiento a las obras ejecutadas, mas no pudieron responder si era válido y licito que se utilizaran los recursos destinados a las mismas en la ejecución de obras de urbanismo, evadiendo esa respuesta al precisar que ello le corresponde establecer a los órganos de control interno o de la contraloría general de la república.

Desde entonces todos los chimbotanos estábamos convencidos que este   caso terminaría con una sentencia condenatoria en la medida que el proceso penal se inicia, justamente, en mérito de un informe de la oficina de control interno de la propia comuna provincial que detectó la maniobra urdida en la primera gestión de Victoria Espinoza García, elevó el documento a la Contraloría y se demandó al Ministerio Publico que investigue los hechos en la medida que ello implica un delito de malversación de fondos que está tipificado en la ley penal.

Esto lo saben y conocen los funcionarios públicos, especialmente quienes ejercen los cargos de vanguardia, ellos son conscientes que no pueden desviar fondos porque no solo está penado sino que reciben recursos para un fin específico, que está registrado y sujeto a un control de las entidades públicas, empero, a pesar de ello apelan a este viejo sistema que en los corrillos ediles saben cuáles son los verdaderos objetivos.

El alcalde ha reaccionado duramente señalando que volvería a proceder de la misma forma si es que tuviera la posibilidad de ejecutar nuevas obras, lo cual representa una osadía ante la acción de la justicia, lo pone en serios aprietos ante la instancia revisora que advertirá que si está ocupando la alcaldía sería proclive a cometer los mismos delitos que han sido sancionados.

Lo que no se puede dejar de mencionar es que la Fiscalía no ha acusado al alcalde y los funcionarios por haber tomado dinero de las obras publicas o por haberse apropiado indebidamente de los mismos, eso es solo una indebida interpretación que hacen los acusados, los cargos son claros y concluyentes: se desviaron fondos de obras de saneamiento para financiar otras de urbanismo siendo evidente que ello se hace con algunos fines y objetivos que la ley ya no distingue pero que todos saben cuáles son.

Estos hechos fueron cometidos en la primera gestión de Victoria Espinoza, hoy prófuga de la justicia, fueron investigados y ventilados a lo largo de todos estos años y recién son materia de una condena, por lo que ha dejado virtualmente descabezada la corporación edil porque la ex alcaldesa deberá ser vacada del cargo por hallarse en la clandestinidad y, en caso se ratifique la condena contra su sucesor, éste deberá también dejar el cargo y lo asumirá quien hoy ejerce como primer regidor.

No cabe duda que esta nueva condena contra una autoridad municipal trae un mensaje judicial, una subliminal voz de alerta que nos expresa que ya no se permitirá que se siga haciendo escarnio con los presupuestos públicos destinados a la ejecución de obras, ellos deben utilizarse y administrarse con respeto y apego a las normas, lejos de la informalidad y las mañoserías a las que nos tenían acostumbrados en las dependencias ediles o regionales. Hoy los alcaldes, gobernadores regionales y cualquier empleado público saben que puede ir a la cárcel si le da un destino diferente a los dineros que le confía la administración del estado. Así se simple y sencilla es la cosa.

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