FORMALIZAN CARGOS POR COIMA Y FALSIFICACION CONTRA REGISTRADOR PUBLICO Y RECTOR

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Coima y falsificación. El tercer despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Santa formalizó investigación preparatoria por corrupción de funcionarios en contra del registrador público Miguel Rufino Sánchez Solórzano y las principales autoridades de la Universidad Privada San Pedro, entre ellas, el Rector José María Huamán Ruiz.

Ello tras encontrar graves elementos de convicción que demostrarían que las autoridades de la Universidad San Pedro pagaron 50 mil nuevos soles de coima al registrador público Miguel Sánchez Solórzano para que finalmente inscriba, en medio de serias irregularidades, el título registral que reconoce a José María Huamán Ruiz como rector reelegido (ilegalmente) de la Universidad Privada San Pedro.

Junto a Sánchez Solórzano y Huamán Ruiz, también han sido denunciados los vicerrectores Gilmer Díaz Tello y Manuela Portales Pairazamán, así como la abogada Tania Leonor Baca Escurra, el secretario general Ángel Paredes Quipuscoa y la secretaria de éste último, Rosa Edith Carrillo Romero.

A todos ellos se les acusa de los delitos de cohecho pasivo propio (el que recibe la coima), cohecho pasivo genérico (el que entrega la coima), falsedad ideológica, falsedad genérica y falsificación de documentos privado.

El Fiscal Anticorrupción Carlos Zárate Medina dispuso iniciar una investigación preparatoria por 8 meses y en los próximos días podría solicitar alguna medida coercitiva que garantice una correcta investigación de los hechos, sin ningún tipo de obstáculos y peligro de fuga.

Uno de los elementos de convicción claves que sustentan esta investigación, es el reporte del levantamiento del secreto bancario del registrador público Miguel Sánchez Solórzano, a quien se le acusó inicialmente de recibir 50 mil soles para inscribir ilegalmente el título como Rector de la USP de José María Huamán Ruiz, pues arroja que canceló en un solo día, un préstamo bancario de 45 mil soles, que inicialmente lo había obtenido para ser pagadero en 48 cuotas mensuales.

Tanto la obtención del préstamo bancario como la cancelación total del mismo, apenas a los 4 meses de haber empezado a pagar sus cuotas, ocurrieron en fechas entre mayo y setiembre del 2013, justamente el mismo periodo en el cual Sánchez Solórzano tramitó en Registros Públicos la inscripción de José María Huamán Ruiz como Rector de la Universidad San Pedro.

Solo así se explica cómo luego de haber rechazado la inscripción por defectos insubsanables, posteriormente, avalando irregularidades y hasta documentos falsos e ingresados de manera ilegal, sin el sello de recepción de la Sunarp, finalmente el registrador Sánchez Solórzano, terminó cambiando de opinión y lo inscribió vulnerando una serie de normas y procedimientos tantos de forma como de fondo en este tipo de trámites.

Hay que recordar que esta inscripción registral para que se reconozca la reelección de José María Huamán Ruiz como rector de la Universidad San Pedro, a pesar de estar prohibida y vulnerando el debido proceso desde la irregular convocatoria al comité electoral y luego modificando groseramente los acuerdos de la asamblea universitaria; fue inscrita tras un tercer intento, pues en los dos primeros, se rechazó de plano la misma pretensión.

LAS IMPUTACIONES

Se le imputa al registrador público de Chimbote, Miguel Rufino Sánchez Solórzano ser el autor material del delito de cohecho pasivo propio, en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica, por cuanto habría aceptado el ofrecimiento de la suma de cincuenta mil soles que habría sido efectuada por la abogada Tania Leonor Baca Escurra como representante de los imputados José María Huamán Ruiz, Manuela Inocenta Portales Pairazamán y Gilmer Augusto Díaz Tello para que en violación a sus obligaciones, proceda a inscribir la inscripción de la reelección de dichas personas como nuevas autoridades de la Universidad Privada San Pedro.

Además, habría insertado dolosamente (falsedad ideológica) el contenido de una serie de documentos adulterados y falsificados referidos a la modificación de los estatutos de la Universidad San Pedro y al procedimiento de la reelección del Rector y elecciones de los Vicerrectores para el periodo 2013- 2018. Además ha quedado probado que entre el 1 de abril al 1 de julio del 2013, la abogada Tania Baca Escurra visitó hasta en seis oportunidades al registrador Sánchez Solórzano.

En cuanto a José María Huamán Ruiz, Gilmer Augusto Díaz Tello y Manuela Inocenta Portales Pairazamán, se les atribuye la comisión del delito de cohecho activo genérico al haber formado un fondo dinerario de 50 mil soles que fueron ofrecidos y posteriormente entregados al registrador público Miguel Sánchez Solórzano, a través de la abogada Tania Baca Escurra, a cambio que proceda a inscribir en la partida registral de la Universidad San Pedro, sus nombramientos como nuevas autoridades universitarias.

A la abogada Tania Baca Escurra se le atribuye la comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsedad ideológica en concurso ideal común el delito de uso de documento privado falso, siendo su participación la de realizar directamente los trámites para que se proceda a inscribir ilegalmente la inscripción de las nuevas autoridades.

Además, junto a José María Huamán Ruiz y Ángel Efrén Paredes Quipuscoa (encargado de la oficina de secretaría general de la Universidad San Pedro) se les atribuye haber utilizado documentos falsos para ser presentados ante la SUNARP, a sabiendas que se trataban de documentos apócrifos, dirigidos a levantar ilegalmente las observaciones que había formulado (inicialmente) el registrador público aludido.

Finalmente se le atribuye a Rosa Edith Carrillo Romero, en su calidad de secretaria de la Oficina de Secretaría General de la Universidad San Pedro, haber materializado la adulteración de las actas de asamblea universitaria de fechas 9 de junio del 2011 y 16 de diciembre del 2012 para que luego sean firmados por sus co-imputados Huamán Ruiz y Paredes Quipuscoa (su jefe inmediato) y se presenten en registros públicos, siendo su rol el de cómplice secundario, pues los ayudó dolosamente a la realización del hecho punible.

Los investigados maniobraron a su antojo las convocatoria para conformación de comité electoral, para la realización de asamblea universitaria y modificaron unilateralmente y groseramente los acuerdos, adaptándolos a los requerimientos del registrador, a pesar que ello era materialmente imposible por un tema de fechas y eventos que no podían retrocederse en el tiempo.

altGilmer Díaz Tello, Manuela Portales Pairazamán y Angel Paredes Quipuscoa (al centro) son investigados por cohecho pasivo.

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