Editorial: ::: ESPERA NECESARIA :::

Editorial

Hace solo unos días la abogada del encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar exhibía como un trofeo la disposición fiscal del Ministerio Publico que decide archivar una investigación contra su patrocinado por supuesto pago de sobornos a Policías que se prestaron al manejo de las denuncias dirigidas en su contra o contra funcionarios de su cuestionada gestión.

En realidad se trataba de una de las tantas investigaciones que tiene pendiente el ex titular de Ancash, sin embargo, existen muchas otras que se encuentran en fases más avanzadas y con mayor respaldo probatorio, una de ellas es la relacionada al denominado “Caso Sisa” en la cual se investiga la escandalosa colusión de los funcionarios regionales con la empresa encargada de elaborar el perfil técnico y por cuyo trabajo se pagó cinco millones de soles a pesar que tenían una propuesta de INADE para elaborar una actualización de los muchos estudios que ya tenía el proyecto por solo 120 mil soles.

Es evidente que si se dejó de lado una propuesta que estaba a la mano y se prefirió pagar cincuenta veces más es porque de por medio existía algún aliciente o incentivo y eso es lo que se investiga en este proceso penal en el que estaba incurso el ex presidente regional César Álvarez Aguilar pero, extrañamente, fue separado de la investigación.

Justamente, este hecho fue materia de un planteamiento del fiscal anticorrupción la semana pasada por cuanto se había llegado a la audiencia inicial del juicio oral, empero, el representante del Ministerio Público advirtió al Juez que si bien es cierto el ex presidente regional fue separado de este proceso a través de una excepción de improcedencia de acción, que fue declarada fundada, existía un recurso de nulidad que estaba pendiente de resolverse en la Sala Penal de la Corte Suprema a efectos de confirmar o revocar esa decisión.

El Fiscal señalaba que si la Corte Suprema deja sin efecto la Excepción se tendrá que incorporar nuevamente al proceso al ex titular de Áncash, por lo que sería pertinente que el juicio oral no se inicie a expensas de este pronunciamiento y con el objetivo de no retrotraerlo a fojas cero si más adelante se presenta esta situación.

Aun cuando muchos podrían pensar que una cosa nada tiene que ver con la otra o que se trata de una incidencia que sigue su curso de manera paralela, lo cierto es que es muy probable que la Suprema Corte anule las resoluciones de primera instancia que declararon procedente la excepción de improcedencia de acción en la medida que fueron decisiones que se adoptaron hace algunos años atrás, cuando estaba vigente lo que hoy se conoce como una red de corrupción en la que el ex presidente regional había conseguido beneficiarse con resoluciones expedidas por jueces que se prestaron a la red de impunidad que estuvo vigente en aquel entonces.

Esto ha sido materia de una serie de pronunciamientos, especialmente en la Comisión Ancash del Congreso de la República que investigó los casos de corrupción registrados en nuestra región en el período de gestión de César Álvarez Aguilar y en el cual pudo identificar una red de impunidad que fue establecida con la finalidad de eliminar todas aquellas denuncias que se formulaban a nivel periodístico y jurisdiccional, una maraña tejida en base de prebendas que le garantizaban solo la impunidad.

De allí que es imperativo que la justicia en Chimbote conozca qué es lo que ha resuelto la Corte Suprema, si ya lo hizo o es que aún está pendiente de resolver teniendo en cuenta los años que han trascurrido, pues por los hechos investigados existen indicios que perduran los criterios de imputación que se formularon inicialmente.

No hay que olvidar que en este caso se encuentran involucrados los funcionarios del Proyecto Especial Chinecas de aquel entonces, entre ellos el Decano saliente del Colegio de Ingenieros, Hugo Rojas Rubio, para quienes la fiscalía ha solicitado se les imponga pena efectiva en la medida que está convencida de la responsabilidad que alcanza a los investigados y demanda que entre ellos se encuentre el ex titular de Ancash.

Tampoco se puede soslayar que, finalmente, el trabajo realizado por SISA fue un fiasco, fue observado en el Ministerio de Economía y Finanzas al extremo que debió ser replanteado y se contrató a otra empresa para que haga el expediente bajo las pretensiones y decisiones del gobierno de entonces, mas no de lo que exigen y demandan los agricultores del valle de Santa. Esperemos que la Corte Suprema resuelva pronto y se pueda encausar el juicio oral con todos los que están embarrados.

                                                           TODO UN CANALLA

Los embaucadores se encuentran a la orden del día y apelan a cualquier posibilidad que exista de engañar y en donde puedan sacar dinero para sorprender a incautos que, igualmente, se dejan llevar por la ambición del dinero y caen fácilmente en sus garras.

Uno de estos casos ha sido revelado la semana pasada por Alex Rogelio Mariluz Regalado, quien ha denunciado nada menos que a su tío Julián Edgar Manzueto Naveda Saldaña, conocido como "Tito Naveda", quien lo ha engañado con el cuento de la adjudicación de obras en Nuevo Chimbote y ahora se encuentra en serios problemas con empresarios a los que convenció para que le entreguen dinero.

El denunciante ha señalado que “Tito Naveda” se autocalificaba como asesor político del alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández Bazán, quien le habría encomendado asegurar obras y servicios que presta la Municipalidad y por ello estaba pidiendo una suma de dinero que le garantice la adjudicación en los procesos selección, eso que todos conocemos como “diezmos”.

El incauto sobrino convenció a varios amigos empresarios para que se apunten en este procedimiento mafioso y al final no hubo adjudicación alguna, todo fue una farsa montada por este sujeto y por ello el sobrino viene siendo asediado por los que “se matricularon” pensando que se habían sacado la lotería.

Si bien es cierto todos son culpables en esta modalidad delictiva, la Policía debe investigar a este “Tito Naveda” y los amarres que se tejen alrededor de la administra-ción pública o municipal, se tiene que cortar de raíz esta vieja modalidad que tuvieron vigencia absoluta en una red de corrupción que ya viene pagando los platos rotos.

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