Editorial: ::: DEFENSOR DE LA ILEGALIDAD :::

Editorial

No podía ser menos justificada la indignación del procurador público para asuntos de orden interno del Ministerio del Interior, Dr, Akin Ore Chalco, luego que el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chimbote dispusiera el archivo de la investigación seguida contra el rector de la Universidad San Pedro y otros funcionarios y abogados, en un extremo del caso que se conoce como “asesorías fantasmas”.

Ello porque el representante de la defensa del estado consideraba absurdo que el Ministerio Público haya renunciado a su rol tuitivo con la sociedad y solicitara el sobreseimiento de la causa por dos delitos y dejando el extremo acusatorio solo por uno de ellos, quizás el más favorable a los investigados.

Esto ocurrió en el marco de la audiencia realizada la semana pasada en donde se ventilaba el requerimiento mixto solicitado por el fiscal Manuel Arroyo Ramírez en el proceso penal de las “asesorías fantasmas”, ese que se iniciara hace ya mucho tiempo como consecuencia del escandaloso hallazgo del pago de más de tres millones de soles en favor de abogados que no habían prestado servicio alguno a la Universidad San Pedro de Chimbote.

En realidad era una suerte de maquillaje a la que se presentaron algunos abogados y en el que se utilizaron los nombres y documentos de otros sin su consentimiento, lo que permitió que gente de la propia Universidad, presuntamente con el aval del rector José María Huamán Ruiz, extrajera de las arcas de la Universidad una millonaria suma que fue a parar a sus bolsillos.

En la audiencia el Fiscal solicitó que se declare el sobreseimiento de la causa por los delitos de asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública, formulando acusación contra los investigados solo por el delito de fraude procesal, pedido que contaba con el respaldo de los abogados de la defensa que hallaron en el magistrado un aliado de ellos.

Sustentaba el Fiscal que  en el curso de la investigación no se han practicado algunas diligencias importantes, entre ellas la pericia grafotécnica que debería haber permitido determinar si es la firma del investigado Rector José María Huamán Ruiz y de John Contreras Quincho, el agraviado en este caso, en un documento de contrato que supuestamente avala el pago ilegal que se efectuó.

Esto resulta risible si se tiene en cuenta que, en el caso específico del abogado John Contreras Quincho, ha sido este mismo letrado quien ha negado públicamente y ante el representante del Ministerio Público que no ha mantenido vínculo laboral alguno con la Universidad San Pedro y es falso que haya suscrito algún contrato de servicios para prestar una asesoría a esa Universidad en el curso de un juicio civil o de cualquier otra materia.

Justamente, fueron los medios de comunicación los que recogieron el pronunciamiento del letrado que tomó conocimiento que se estaba ventilando un caso en el que se involucraba su nombre a través de la prensa y por ello se apersonó para negar que haya efectuado o autorizado algún pago por algún trabajo realizado por su persona.

Este testimonio se sumó al que, en su momento, hizo la también abogada Martha René

Alfaro Pérez, cuyos comprobantes de pago fueron utilizados para cobrar nada menos que medio millón de nuevos soles por asesorías prestadas a la Universidad que ella sostiene que jamás realizó porque nunca tuvo un contacto con esta casa universitaria.

Por el contrario, fue esta profesional quien dio algunas pistas de quienes fueron los mentores de escandaloso fraude, pues señaló que ella es ex esposa del abogado Manuel La Chira Chambergo, otro de los involucrados en este fraude, con quien compartía su oficina de abogado y quien le informó que había prestado su domicilio a otros colegas, por lo que presumía que alguien de esa universidad le sustrajo los nueve comprobantes de pago que fueron utilizados para cobrar de manera ilegal.

De allí que el reclamo del procurador público es pertinente si se tiene en cuenta que “si hay pericia que demuestra el daño de más de 3 millones de soles, hay 124 elementos de convicción como declaraciones del agraviado, de testigos, pero lo que no hay voluntad de llevar este caso a juicio oral donde ahí pueden demostrar si son inocentes” dijo el abogado de estado ante el Juez.

Es realmente absurdo que se sostenga que se archiva el delito porque no existe pericia cuando existe de por medio el testimonio del propio abogado que rechaza que fuera su firma y que admite que jamás realizó trabajo alguno en la Universidad, consecuentemente el contrato y el cobro realizado en su nombre es fraudulento, es producto de una concertación entre malos elementos de la Universidad para beneficiarse con sus recursos, hay allí una asociación ilícita para delinquir.

Llama la atención que el Fiscal que es el defensor de la legalidad haya procedido de esta manera, cuando es el funcionario que debe velar por los derechos de la sociedad y tiene que impulsar el aparato inquisidor del estado para procurar sancionar el delito, mas no para ponerse en plan de abogado de la defensa y defienda la impunidad.

Lamentablemente, este mismo Fiscal es el que observó una conducta suspicaz en el curso de la diligencia de incautación de documentos realizada en el Rectorado de la Universidad, esto lo denunciaron los representantes de los egresados de esta casa superior de estudios en su momento y advertían que este magistrado era proclive a favorecer a los investigados como ha ocurrido ahora.

Por ello es que, aprovechando la última visita del Fiscal Supremo de Control Interno, lo han denunciado por inconducta funcional y se han llevado todos los antecedentes para ser revisados en la capital de la república. Hasta donde entendemos el Fiscal tiene la obligación de sostener su denuncia mientras que existan pruebas indiciarias, si no existe una pericia grafotécnica es por su deficiente accionar y no la recabó dentro de los plazos de ley, lo que no puede hacer de ninguna manera es colocarse en plan de defensor de la ilegalidad, cuando la norma obliga a acusar por imperio de la ley cuando se presentan estas situaciones. Esperemos que la instancia superior no permita que estas actuaciones perniciosas dejen en la impunidad un grave delito.

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