Editorial: ::: ALTO A LA CONVENIENCIA :::

Editorial

Los resultados electorales del pasado 07 de diciembre, aquellos que catapultaron al controvertido Waldo Ríos Salcedo en la presidencia electa de la Región Ancash no solo generaron asombro por el hecho que los electores habían optado por alguien que no estaba calificado para poder asumir el cargo, sino que mantenía una millonaria deuda que debería asumir en menos de un mes si que deseaba prestar juramento.

Se trataba de la reparación civil que fijó la justicia en el proceso penal en el que, hace cinco años atrás, lo condenó por delito de corrupción y estableció entre sus reglas de conducta que debería pagar una reparación civil de un millón de soles solidariamente con los demás condenados en ese fallo.

Justamente, es este extremo de la condena el que no había reparado extrañamente el Jurado Electoral Especial de Huaraz y le permitió ser candidato en las últimas elecciones de allí que muchos pusieron en tela de juicio la posibilidad que Ríos pueda llegar a ejercer el cargo por lo abultado de la deuda.

Sin embargo, de pronto tanto el candidato como sus seguidores anunciaron que organizarían eventos públicos de recaudación hasta alcanzar el millón de soles y denominaron a esta iniciativa como la “waldotón” en directa alusión a una teletón que es un evento de corte social en el que se recurre a la buena fe de la población para cubrir los gastos de entidades que ayudan a sectores menesterosos.

Cierto es que nadie le creía al presidente regional electo que organizando parrilladas, polladas, rifas o sus tradicionales bingos podría alcanzar la millonaria meta, por ello es que sus parciales no demoraron en anunciar que estarían sorteando un auto cero kilómetros, lo que comenzó a dejar dudas de la capacidad real que tenían los organizadores o de los verdaderos objetivos de esta jornada.

Ello porque si el candidato podría disponer de un vehículo es evidente que alguien lo estaba financiando en esta pretensión, lo que es lo mismo pensar que todas estas actividades, incluyendo la “waldotón”, solo representaban una suerte de fachada frente a la posibilidad de cancelar el pago de la reparación civil con financiamientos desconocidos que ya se tenían definidos en este momento.

Esto es factible en una región como Ancash que duerme sobre un colchón de dinero que le reporta año tras año el canon minero, de tal suerte que existen innumerables empresarios que están detrás de asegurarse la adjudicación de futuros proyectos y las angustias económicas de un presidente regional electo resultan el pretexto ideal como para poder hacerse de estas garantías.

Esto equivale al corrompido sistema de diezmos que ha regido en los últimos tiempos en las entidades públicas que financian obras diversas y en las cuales los empresarios se prestan a un régimen ilícito de pago de cupos para poder hacerse de una buena pro y luego ejecutar la obra en las condiciones que estime conveniente pues en los casos de colusión ya no existe posibilidad alguna de supervisión.

De allí que era fácil pensar que la famosa “Waldotón” resultaba solo un pretexto para poder justificar un millonario pago que todos en el país conocían que el electo presidente regional no estaba en condiciones de asumir, por ello es que el gobierno comenzó a poner cortapisas ante esta pretensión y lo hizo con las herramientas legales que no estaba utilizando, como es el régimen legal de los eventos de pública recaudación.

En efecto apelar a la buena fe de la población y convocar para ello a una pública colecta solo puede tener objetivos sociales y benefactores, razón por la cual no se podía autorizar al presidente electo de Ancash que convoque a la población con este objetivo, está en abierta infracción a la ley.

De la misma manera, rifar un auto con la finalidad de recaudar fondos que permitan cubrir una obligación legal requería de una autorización de la oficina nacional de Gobierno Interior del Ministerio del Interior es la dependencia que regula las actividades que se realizan con fines de azar y por ello es que en todo evento público en donde se realiza un sorteo, además de un notario público, siempre está presente un representante del mencionado portafolio.

Ahora bien, si el grupo de Ríos llevaba adelante la rifa de un auto el que resulte ganador no podría registrar su propiedad ante la oficina de registros públicos, lo que quiere decir que sería una virtual estafa porque se estaba ofreciendo un premio que no tiene manera de ser gozado y recibido.

De allí que de esta manera se ha mediatizado una pretensión que resultaba insólita en la vida política del país, jamás un candidato que ha ganado una elección no puede asumir el cargo porque está inhabilitado por una condena, jamás alguien que ha sido condenado por la justicia apela a la colecta pública para poder cumplir con la deuda personal que tiene con el estado.

Cualquier hijo de vecino que está incurso en una obligación derivada de una condena tiene que honrar ese compromiso con su propio peculio, debe ver la manera de poder subsanar la obligación pendiente con su propio esfuerzo, no tiene por qué estar pidiendo a terceros que lo ayuden en este propósito porque se está hipotecando con ellos.

Esto es lo que ha pretendido Waldo Ríos con la famosa teletón y con la rifa de un auto cuya procedencia se desconoce, por ello es que la Policía, primero, y el Ministerio Público, luego, han iniciado investigaciones por presunto lavado de activos en la medida que se desconoce cuál es el origen de los recursos de los que han echado mano para rifar un vehículo y de donde saldría el dinero que servirá para pagar la reparación civil. Es importante que con estas medidas las autoridades hayan puesto alto a las conveniencias del presidente electo de la región Ancash, pues quien quiere gobernar los destinos de la región no puede estar organizando rifas o teletones pro bolsillo. Eso lo tenemos claro.

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